La difusión y publicidad de la producción en las denominadas “Cárceles Productivas” recomendó la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA), para contribuir con el proceso penitenciario, post penitenciario y la resocialización de la población interna, además de facilitar al usuario el acceso a productos de menor costo y de buena calidad.

Fue durante la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de alto nivel encargada de estudiar y elaborar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, que preside Alva Prieto, donde se recibió a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La congresista dijo ser testigo y consumidora de los productos en mención desde hace dos años aproximadamente como los conocidos Toritos de Pucará que lleva consigo a sus reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), de la que forma parte de su mesa directiva, y de la Unión InterParlamentaria, de la que es vicepresidenta.

“Creo que podrían tener más ventas, pero el público no los conoce”, dijo al referirse a la necesidad de dar más información sobre el particular.

En representación del ministro de Justicia, concurrió el viceministro Jesús Baldeón Vásquez, para exponer sobre los principales problemas, reformas planteadas, en curso, por implementar, y medidas legislativas que se requieren.

También hicieron lo propio la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe; el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura; y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, Emilio Iván Paredes Yataco.

Baldeón Vásquez dijo que entre los objetivos prioritarios de su sector se encuentran el reducir el hacinamiento en los establecimientos penales, trabajar por el fortalecimiento de las debilidades de las personas recluidas y las de régimen abierto, y el aprendizaje para la etapa de post pena a fin de lograr su reinserción social en el país.

Destacó las buenas prácticas de las “Cárceles Productivas” donde los reos siguen cursos de capacitación, carrera técnicas y universitarias.

LEYES VITALES

Baldeón Vásquez manifestó su expectativa por la eventual aprobación de propuestas de leyes que significarán un apoyo en la lucha contra el secuestro, sicariato y otros delitos que se dictan desde el interior de las cárceles.

Se refirió al PL 10319, que busca endurecer las penas en los delitos de tráfico de migrantes y el reingreso ilegal al país; y al PL 11022 que tiene como objetivo fortalecer el ámbito penitenciario para permitir que la Policía Nacional del Perú, con autorización del fiscal, pueda acceder a la información de los teléfonos incautados en los penales, lo que es clave para desarticular las redes criminales que operan desde la prisión.

Asimismo, hizo hincapié en el PL 11090, que consideró como una herramienta potente contra la corrupción, que propone la inhabilitación definitiva a participar en licitaciones públicas de empresas nacionales o extranjeras, que sean declaradas responsables de actos de corrupción, como es el cohecho activo y delitos contra el orden económico.

“Estos tres proyectos son vitales para fortalecer el marco jurídico que busca mayor seguridad, mayor justicia y que nuestro país siga avanzado en la lucha contra la criminalidad”, dijo.
Por su parte, la procuradora Caruajulca Quispe explicó la labor de los funcionarios y trabajadores de su sector en la defensa judicial del Estado y la recuperación de sus bienes, con lo cual contribuye con el Tesoro público.

A su turno, el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Martínez Laura, indicó que su sector está organizado en 34 órganos desconcentrados, 402 sedes a nivel nacional y 2,216 defensores públicos, con los cuales se ha logrado, desde el 2023 al 2025, atender a más de tres millones de ciudadanos, entre patrocinios y consultas, que implica un beneficio al público de 150 millones de soles en pensiones de alimentos y reparaciones civiles.

INPE

El representante del INPE, Paredes Yataco, informó que en las 69 cárceles que hay en el país se alberga a 102,854 internos, y en forma externa a 106,888 condenados con servicios a la comunidad. Un 95 % es de sexo masculino. De acuerdo con la nueva normativa, hay 62 jóvenes de 16 a 18 años.

De otro lado, informó que en la actualidad se ha revertido la condición de procesados y sentenciados, donde los primeros eran mucho más que los segundos. Hoy, señaló, los procesados son 37 % y los sentenciados 63 %.

Indicó que la capacidad de albergue en los centros penitenciarios se ha reducido, porque ha aumentado al doble la población penal, en una relación de 146 %.

También destacó el trabajo penitenciario, a través de los talleres productivos, individuales, grupales y adscritos a empresas privadas, donde en total laboran 27, 282 internos en actividades en cuero, artesanía, metalurgia y ropa de vestir, entre otras.

“Cárceles productivas es un proyecto muy interesante, porque es una oportunidad de resocializarse. Hay que propiciarlo para que las empresas privadas apoyen”, comentó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL