La Comisión Permanente designó este viernes 14 a los integrantes de las subcomisiones acusadoras que se encargarán de sustentar seis informes finales de denuncias aprobadas y de formular la correspondiente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

Ello en cumplimiento a lo que señala el artículo 89, inciso g) del Reglamento del Congreso, sobre el procedimiento de acusación constitucional.

Por 28 votos a favor, la congresista Rosío Torres Salinas (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre las denuncias constitucionales 135, 139 y 143 (acumuladas) contra el excongresista Daniel Salaverry Villa.

Se recomienda acusarlo por antejuicio político, en su condición de exparlamentario por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, tipificados en los artículos 387, 428 y 438 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado peruano.

Seguidamente, por 27 votos a favor y una abstención, la congresista Rosío Torres también fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 138 (antes 342) contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido César Águila Grados.

Se concluye acusarlo, en su condición de exconsejero por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal; o alternativamente, por el delito de patrocinio ilegal, regulado en el artículo 385 del mismo código sustantivo.

En otro momento, por 28 votos a favor, la congresista María Taipe Coronado (PL) fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 136 (antes 290) contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones.

Se concluye que el expresidente ha cometido infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

Además, que no hay elementos suficientes para demostrar que el Vizcarra Cornejo realizó acto alguno en favor de la empresa OBRAINSA. Se propone la sanción de inhabilitación del Martín Alberto Vizcarra Cornejo para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años.

Por 28 votos a favor, la congresista Rosío Torres (APP) fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 137 y 140 (antes 322 Y 365) contra Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. Se concluye en acusarlo por antejuicio político en su condición de exfiscal de la Nación por ser el presunto autor de los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto, previstos en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal respectivamente.

Asimismo, se concluye acusarlo por juicio político al denunciado en su condición de exfiscal de la Nación por ser el autor de graves infracciones a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 159, el inciso 2) del artículo 139, el articulo 39 y el artículo 44 de la Constitución Política del Perú; por lo cual, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, se propone que se le imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

De otro lado, por 28 votos a favor, la congresista Rosío Torres Salinas (APP) fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 142 (antes 372) contra Édgar Arnold Alarcón Tejada.

Se concluye acusar al denunciado, en su condición de excontralor general de la República por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada, tipificado en el artículo 387 del Código Penal.

Finalmente, por 28 votos a favor, la congresista Torres Salinas (APP) fue designada integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 141 (antes 366) contra César Hinostroza Pariachi y otros.

Se concluye acusar al denunciado en su condición de exjuez supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, tipificado en los artículos 317, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.

Así mismo, acusar al denunciado Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su condición de exfiscal supremo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico y tráfico de influencias, tipificado en los artículos 317, 385, 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.

De igual forma, acusar al denunciado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, en su calidad de exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, regulados en los artículos 317 y 395 del Código Penal, respectivamente.

A su vez, acusar al denunciado Orlando Velásquez Benites, en su calidad de exmiembro del CNM por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico, tipificados en los artículos 317, 385 y 395 del Código Penal.

Cabe indicar que el artículo 89 inciso h) del Reglamento del Congreso, señala que, una vez aprobada la acusación por la Comisión Permanente, “el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente”.

MODIFICACIONES

La Comisión Permanente aprobó por 27 votos a favor algunas modificaciones de la conformación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales periodo anual de sesiones 2021-2022.

Sale el congresista Carlos Anderson Ramírez (Podemos Perú). Además, sale el congresista Héctor Valer Pinto e ingresa el legislador José Jeri Oré (Somos Perú).

OFICINA DE COMUNICACIONES