Por 13 votos a favor y dos en contra la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó hoy martes 14 la derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1333, al considerar que su contenido incluía disposiciones que desconocen el derecho a la consulta previa de las poblaciones nativas e indígenas.

Esa medida fue dictada por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso de la República. Fue considerada inconstitucional y se precisó que, además, excedía la ley autoritativa dictada por el Congreso para que el Ejecutivo diera normas legislativas en determinadas materias.

La disposición cuestionada fue dictada para permitir la simplificación del acceso a predios para ejecutar proyectos de inversión priorizados. Sin embargo, hubo observaciones de varios parlamentarios en el sentido de que los alcances de esa norma afectaban derechos de las comunidades campesinas y nativas al no tenerse en cuenta lo  dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de la consulta previa.

Es decir, que cualquier medida que se pretenda aplicar sobre terrenos y predios de propiedad de las comunidades mencionadas tienen que ser consultadas previamente a esas poblaciones. Así está consagrado en el convenio internacional y ello es parte de la normatividad legal en vigencia en el país, según se recordó.

Se trató de uno de los decretos legislativos abordados por la Comisión de Constitución en su función de control político sobre la evaluación de las medidas dictadas por el Ejecutivo en mérito a las facultades otorgadas por el Parlamento.

FASE FINAL

De este modo la Comisión, presidida por el congresista Miguel Torres Morales (FP), ingresó en la fase final de su actual labor de control, lo cual mereció el expresivo respaldo de la legisladora Rosa Bartra Barriga (FP), también primera vicepresidenta del Congreso. Ella dijo que se había trabajado con mucha seriedad y transparencia en el ejercicio del control político sobre los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo, como no se había visto en los últimos años de labor parlamentaria.

En la sesión, en ejercicio de las funciones de control político, también fueron derogados otros dos decretos legislativos: los números 1344 y 1345. El primero optimiza servicios brindados en el marco de la Ley Nº 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El segundo de ellos complementa y optimiza el marco normativo para los productos cosméticos, de higiene doméstico y productos químicos especializados.

Fueron varios legisladores, entre ellos Rosa Bartra, Alberto Quintanilla Chacón (FA), Marco Arana Zegarra (FA) y Mario Canzio Álvarez (FA), quienes impugnaron los alcances de esa disposición legal ya que se pretendía inducir al uso y consumo de productos que resultan realmente lesivos al ser humano. 

Ambos decretos legislativos fueron derogados por 14 votos a favor y dos en contra. De ese modo se sumaron a la legisladora Úrsula Letona Pereyra (FP), presidenta del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos.

 PROCURADURÍA

Asimismo, fue aprobado por 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones el Decreto Legislativo Nº1326, el cual estructura el Sistema Administrativo de Defensa del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. La única posición en contra fue expuesta por el congresista Ríchard Acuña Núñez (APP), al considerar que esa disposición excedía el marco legal mediante el cual se otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre tanto, fue ingresado en un cuarto intermedio el decreto legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral. Fue por diez votos a favor y dos en contra.

En determinado momento el presidente Miguel Torres anunció que solicitará al Pleno del Congreso que regrese a la Comisión de Constitución el Decreto Legislativo Nº 1290, el cual fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas. El acuerdo fue adoptado por nueve votos a favor, dos en contra y una abstención. (JTR).   

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