La ex procuradora en casos de lavado de activos, hoy presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe Trujillo, reveló que en el gobierno anterior fue víctima de hostilidad constante de ministros y altos funcionarios que determinaron su cese en el cargo. Aclaró que ello no fue en ningún momento por alguna presunta inconducta funcional de su parte.

En sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el miércoles 26, presidida por el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP), recordó que los hechos ocurridos se remontan a junio del presente año cuando intervino en la evaluación de situaciones y documentos  que le fueron presentados en torno a denuncias que involucraban, por entonces, a la presidenta del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia de Humala.

El caso planteado originó que ella hiciera llegar los documentos al Ministerio Público, y en una segunda oportunidad solicitó que se ampliase la investigación que realizaba el Ministerio Público y se involucrara a Martín Belaunde Lossio, Ilan Heredia y a otras personas vinculadas con los hechos materia de investigación.

Como lo narró ante los legisladores en sesión realizada en la sala Raúl Porras Barrenechea, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, la acusó de tener un “afán de figuración”. Las cosas se agravaron cuando ella recibió informes relativos a las agendas de Nadine Heredia, todo lo cual envió al Ministerio Público para que fuese materia de investigación por el fiscal correspondiente.

Refirió que estos hechos son materia de informaciones y declaraciones que formuló a programas periodísticos y a la propia Comisión de Fiscalización. En este último caso fue para tratar sobre presuntos actos de amedrentamiento en su contra.

También denunció al entonces congresista gobiernista Fredy Otárola Peñaranda, de quien dijo que la emplazó para que dijese si se había reunido con la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi, y precisara si ella le ofreció alguna candidatura en su partido.

Añadió que, posteriormente, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, la acusó de no haber sido sincera con el país. Es decir, que le había mentido al pueblo peruano. A él se sumaron el exministro Adrianzén y su viceministro de Justicia.

Refirió que, después, el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, solicitó que se le retirara de sus funciones a causa de la pérdida de confianza en ese sector. El ministro Cateriano respaldó a Pérez Guadalupe y fue así como ella fue cesada en sus funciones. Insistió en que la causal no fue inconducta funcional y que no fue ella quien habló de alguna presunta responsabilidad de la señora Nadine Heredia en cargos que se le imputaba.

“Me retiraron la confianza sin expresión de causa. Se usó a todo el aparato del Estado en contra de una procuradora, todo lo cual ha quedado demostrado”, dijo ante una pregunta que se le formuló con anticipación a su presentación en la Comisión.

Julia Príncipe formuló estas apreciaciones en una parte de la sesión pública antes de pasar a ser de carácter reservada, porque había peligro de que se filtrara informaciones que podrían ser aprovechadas por abogados y asesores en el caso de los presuntos actos y hechos en los que habría podido incurrir Nadine Heredia y que configurarían presunto delito de usurpación de funciones  y otros presuntos delitos.

CITACIONES Y SOLICITUDES

En la estación de informes y pedidos, el presidente Héctor Becerril dijo que había solicitado a las correspondientes instancias parlamentarias que se incluyera en la agenda del Pleno aquellos informes del llamado Caso Lava Jato pendientes de tratamiento y aprobación –o desaprobación- por la Representación Nacional. Ello, dijo, basado en un acuerdo adoptado previamente en sesión del Consejo Directivo el pasado 7 de septiembre.

El congresista Mauricio Mulder Bedoya (CPA) solicitó que se convocase a los ministros de Salud y de Agricultura, Patricia García Funegra y José Hernández Calderón, respectivamente, a fin de que informen acerca de las designaciones, en sus portafolios, a personajes cuestionados por ciertos antecedentes que no los hacen aparecer como personas idóneas para los cargos que desempeñan.

Mulder se refirió, por ejemplo, al secretario general del Ministerio de Salud, Miguel Celi, de quien dijo que es una persona muy vinculada al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.

También se refirió a Juan Carlos Hidalgo, viceministro de Agricultura, involucrado en presuntas irregularidades en Tumbes, por lo cual se ha pedido para él nueve años de prisión.

“Formulamos este pedido como una forma de colaborar con el Presidente de la República, a fin de que tenga mayor cuidado e información antes de que se proceda a designar a funcionarios en determinados puestos de confianza”, señaló Mülder, mientras su colega Edwin Donayre Gotzch (APP) expresó su satisfacción por la forma como la Comisión enfrentaba casos de corrupción en el país.         

También dijo que se debería de citar a la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Gisela Orjeda, para que informe cómo es que a sólo tres meses de haber asumido sus funciones se haya subvencionado a su socio Carlos Merino Méndez, primero con  200 mil soles y posteriormente con 600 mil soles. Es decir, casi un millón de soles sin  saberse exactamente las razones de esa medida.

Los pedidos quedaron pendientes para ser considerados y eventualmente aprobados en el Orden del Día. (JTR).   

    PRENSA-CONGRESO

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