Su total rechazo a las supuestas intenciones gubernamentales de privatizar las empresas de saneamiento y agua potable, particularmente la de Lima (SEDAPAL), expresaron parlamentarios, dirigentes y trabajadores de esas empresas públicas, en el foro que sobre el tema se realizó el jueves 11 en una de las instalaciones del Congreso de la República.

Los expositores coincidieron en denunciar que con esa finalidad el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1240, por el cual se facilita la aplicación de las normas privatizadoras contenidas en  la Ley 30045, de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Según dijeron, ese decreto sería inconstitucional ya que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, que es de mayor rango, y atenta contra lo dispuesto en el artículo 188º de la Constitución Política. Por ello, anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El congresista Sergio Tejada (DyD) fue el encargado de inaugurar el foro ‘El Derecho al Agua y las Políticas de Privatización de las Empresas de Saneamiento’, que organizaron los despachos de los congresistas Justiniano Apaza y Jaime Delgado, del mismo grupo parlamentario.

Tejada Galindo dijo que la intención del evento era levantar las voces de protesta frente a los intentos de privatizar el servicio de agua potable que es un recurso natural. El Estado está en la obligación de defender, y no entregarla al sector privado que solo busca lucrar, en lugar de buscar el beneficio de la sociedad, agregó.

En ese sentido, dijo que su colega Apaza Ordóñez había presentado el proyecto de ley 5126, por el cual se propone derogar el DL 1240 y la Ley 30045 y restablecer la vigencia del artículo 20 de la Ley General de Servicios de Saneamiento  26338.

A su turno, el legislador Manuel Dammert (AP-FA) afirmó que el Gobierno busca privatizar un servicio público esencial, por lo que ha presentado el proyecto de ley 4742, por el cual propone declarar de interés nacional el fortalecimiento de las empresas de agua potable de Lima y Callao, como empresa estatal de derecho privado íntegramente de propiedad del Estado y constituida como sociedad anónima.

La iniciativa propone un directorio constituido por cinco directores designados por la Junta General de Accionistas, uno de los cuales lo presidiría; y representantes de los trabajadores, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Consejo Provincial del Callao y de las asociaciones de usuarios de ambas provincias.

Por su parte, Jaime Delgado (DyD) rechazó los argumentos que exponen los que se pronuncian a favor de la privatización de SEDAPAL en el sentido de que el Estado es ineficiente y un mal administrador de las empresas públicas.

“Es una mala imagen difundida por el sector privado”, dijo, para señalar que el sector público sí puede ser eficiente y brindar un mejor servicio, y puso como ejemplo la empresa de agua potable de Arequipa (SEDAPAR), que será la primera ciudad del país que contará con plantas de tratamiento del ciento por ciento de las aguas servidas, lo que permitirá descontaminar sus ríos.

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable (FENTAP), Luis Isarra, denunció los efectos negativos de la privatización, como ha ocurrido en Tumbes, donde la cobertura de agua potable y alcantarillado, a cargo de la empresa ‘Agua de Manizales’, de Colombia, ha disminuido en perjuicio de la población.

Según dijo, en el año 2005 un 82 % de la población contaba con el servicio de agua potable, y en el 20014 el porcentaje se redujo a un 80.22 %. Lo mismo ocurrió con la cobertura del servicio de alcantarillado cuyo porcentaje bajó de un 55 % a un 51.44 % de la población atendida.

En el mismo sentido se pronunciaron Rosa María Pimental Cortez, coordinadora nacional del Foro Salud; y Luisa Eyzaguirre, secretaria nacional del Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL (SUTESAL). (JVS)

PRENSA-CONGRESO

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