Diputados de diversas bancadas demandaron fortalecer la capacidad operativa del Fuero Militar Policial y mejorar el sistema disciplinario de la Policía Nacional, con el propósito de garantizar investigaciones eficientes, sanciones debidamente sustentadas y el respeto del debido proceso.

Fue durante una sesión de la Comisión Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, en la que se presentaron Enrique Hilario Chambergo, vocal supremo de la Sala Suprema de Guerra del Fuero Militar Policial, y Jesús Manuel Soller Rodríguez, presidente del Tribunal de Disciplina Policial.

FUERO MILITAR POLICIAL

En representación del presidente del Fuero Militar Policial, Crispín Darío Vásquez Rojas, Hilario Chambergo informó sobre la organización, competencia y balance jurisdiccional de la institución, así como los retos para implementar la Ley N.º 32735, que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal.

También expuso sobre la ejecución presupuestal de 2026, los recursos requeridos para 2027, las limitaciones de personal y la coordinación con el Poder Judicial frente a posibles conflictos de competencia.

Al respecto, la diputada Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú) cuestionó que el Fuero Militar Policial no cuente con un procedimiento específico para casos de flagrancia. Además, pidió explicaciones sobre los recursos devengados y demandó una mejor planificación presupuestal.

El diputado José Baella Malca (Renovación Popular) consultó si la institución se encuentra preparada para asumir las nuevas competencias establecidas en la Ley N.º 32735 y si la definición del delito de función podría generar espacios de impunidad.

El diputado Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) solicitó precisar el periodo y los resultados correspondientes a los más de 1 200 expedientes mencionados durante la exposición.
En respuesta, Hilario Chambergo explicó que el Código Penal Militar Policial no contempla un proceso de flagrancia similar al previsto en el Código Procesal Penal, aunque sí existen procedimientos especiales. Señaló que las fiscalías y juzgados militares continúan realizando investigaciones y emitiendo sentencias.

Asimismo, indicó que la principal limitación para aplicar la nueva ley es la falta de oficiales del Cuerpo Jurídico para cubrir plazas de jueces. Precisó que algunos magistrados atienden dos o tres juzgados simultáneamente, lo que retrasa la programación de audiencias y la tramitación de los procesos.

También explicó que no resulta viable establecer un protocolo que condicione las decisiones del Poder Judicial y del Fuero Militar Policial, debido a la autonomía de los jueces. Los conflictos de competencia, precisó, deben ser resueltos por la Corte Suprema.

DISCIPLINA POLICIAL

Posteriormente, el presidente del Tribunal de Disciplina Policial, Jesús Manuel Soller Rodríguez, informó sobre la situación de la institución, las infracciones más recurrentes, los expedientes ingresados y resueltos, las sanciones impuestas y las propuestas para fortalecer el sistema disciplinario.

El diputado Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) advirtió diferencias entre las cifras proporcionadas por la Inspectoría General de la Policía y el Tribunal de Disciplina Policial. Por ello, pidió esclarecer la información y determinar posibles responsabilidades. También respaldó que los vocales del Tribunal sean seleccionados mediante concurso público y criterios meritocráticos, a fin de fortalecer su independencia.

El diputado Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, consultó sobre las reincorporaciones de policías sancionados por decisiones judiciales, la defensa de las resoluciones del Tribunal ante el Poder Judicial y la cantidad de procesos ganados en instancias judiciales.

Al respecto, el titular del tribunal explicó que las nulidades se producen principalmente por irregularidades cometidas durante la investigación o en la primera instancia. Entre ellas mencionó la falta de valoración de pruebas, la omisión de documentos presentados por los investigados y las deficiencias en la motivación de las resoluciones.

Sostuvo que el tribunal debe declarar la nulidad cuando se vulneran el debido proceso y el derecho de defensa, pues confirmar una sanción deficientemente sustentada podría ocasionar la reincorporación judicial del investigado y eventuales perjuicios económicos para el Estado.

GRUPOS DE TRABAJO

Finalmente, la comisión aprobó la conformación de dos grupos de trabajo. El primero evaluará las brechas de ciberseguridad en las instituciones del Estado y será coordinado por el diputado Jhonn Valqui Ordóñez (Fuerza Popular).

También se aprobó la creación del Grupo de Trabajo para la Reforma Integral de la Policía Nacional del Perú, a propuesta del diputado Luis Quispe Candia.

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