Congresistas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos llamaron la atención al ministro del sector, Eduardo Arana, por la falta de acción frente al estado y control de los centros penitenciarios en el país y exigieron que se adopten las medidas necesarias en el más breve plazo.

El congresista Diego Bazán Calderón (RP) fue enfático al cuestionar lo dicho por el ministro Arana en el sentido de que la solución para el deshacinamiento de las prisiones sea liberar presos.
“Tengo vergüenza, como ciudadano, que venga a decir eso antes de reconocer que es su responsabilidad y no se luche contra la criminalidad”, expresó Bazán al señalar que ya tiene 20 meses en el portafolio y no ha inaugurado un solo penal y “solo ha venido a dorarnos la píldora”.

Demandó la aplicación de una política del sector frente al sicariato que se gesta en las cárceles y que frente a eso el ministerio a su cargo no ha hecho nada, y que, además, no ha solicitado una ampliación presupuestal. “Por esa razón, mi bancada está firmando una moción de censura”, anotó.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos escuchó dos anuncios del ministro del sector, Eduardo Arana Ysa, destinados a mejorar el control de los centros penitenciarios.

Por su lado, Américo Gonza Castillo (PL) demandó que se propicie que el preso trabaje y preguntó cuánto le cuesta al país uno de ellos día a día. Pidió reformular la visión del sistema penitenciario y fortalecer el sistema de los agentes penitenciarios, que por sus bajos sueldos son presa fácil de la corrupción.

La congresista Susel Paredes Piqué (BDP) llamó la atención por la existencia de sentenciados y los que no. Asimismo, por la falta de acción del Consejo Nacional de Política Nacional que no se reúne desde el año pasado.

Alejandro Muñante Barrios (RP) señaló que el Congreso no da dinero, sino que es gestión del propio sector frente al Ministerio de Economía y Finanzas. También criticó la deficiencia de la política de control de los penales y de seguridad ciudadana.

El congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) saludó el anuncio ministerial de que el sistema de ingreso a los penales sea privatizado y que se ponga en valor el sector, lo cual calificó de interesante.

“El INPE va a seguir teniendo un rol importante en el control de los penales, pero hay una serie de servicios conexos a la seguridad de los penales que podrían ser sujetos de asociaciones entre la institución y entidades privadas que permitan una selección competitiva transparente y de mayor gestión y eficiencia”, dijo.

Consideró que desde la comisión se podría apoyar la propuesta con iniciativa legislativas.

EL MINISTRO

Arana Ysa, por su lado, indicó que hay más de 15 mil denuncias en la policía nacional y que 21 de esos casos proceden de los penales. Para efectos de control se ordenó que el bloqueo funcione en los 33 penales del Perú conforme al contrato de la empresa respectiva del 2014.

Además, dijo que se tiene que aprobar el reglamento respectivo para el control de las operadoras telefónicas, con lo cual se lograría tener un control interno y otro externo.
Arana Ysa concurrió a la comisión convocado para informar sobre la situación actual de la gestión de seguridad en las cárceles del país, las circunstancias que permitieron la fuga del recluso del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, el pasado 21 de abril, y otros temas.

Entre otros aspectos, informó que en penales donde hay sobrepoblación ya no ingresa uno reo más; y que se está trabajando sobre una escala salarial de los agentes de seguridad.

Ante una pregunta de la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) sobre la posibilidad de apertura de los penales El Frontón y El Cepa, dijo que ello no es posible, porque su inversión ascendería a cinco mil millones de soles para cada uno, lo que no lo hace posible, sino destinar esos recursos para los otros centros.

Antes fue aprobada la participación y presidencia del congresista Américo Gonza Castillo en la Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar el Código Penal especializado.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL