La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Milagros Rivas Chacara (PL), aprobó esta tarde, con 14 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, el dictamen que establece delitos contra la seguridad social en salud con la finalidad de fortalecer el Seguro Social de Salud –EsSalud.

La iniciativa legislativa se sustenta en el Proyecto de Ley 2146/2021, cuya autoría recae en la congresista la congresista Katy Ugarte Mamani (UyDP), e incorpora los artículos 431-B y 431-C al Código Penal, Decreto Legislativo 635.

Rivas Chacara sostuvo durante la sustentación del texto sustitutorio que en el contexto internacional “existe consenso en considerar a la seguridad social como un derecho humano, inalienable, producto de casi un siglo del trabajo mancomunado de los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales”.

Con este proyecto de ley, continuó, “se desincentivan conductas fraudulentas en las que se utiliza información personal, suplantando a una persona jurídica o natural, para atribuirle dolosamente la calidad de empleador”.

“La propuesta pretende solucionar esta situación en el seguro social”. Toda vez que “existe una deuda en EsSalud que asciende a 5.9 millones de soles, por situaciones similares a las que esta iniciativa busca responder”, expresó. Una deuda, “derivada de asegurados declarados en baja de oficio por no tener la condición de asegurados”.

El dictamen aprobado establece en el artículo 431-C, como forma agravada del delito contra la seguridad social en salud, que la “pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

Cuando, por ejemplo, “a) La cuantía de las prestaciones recibidas indebidamente exceda las cuatro (4) unidades impositivas tributarias (4 UIT); o “b) El agente que comete el delito integra una organización destinada a perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo”.

En el debate participaron José Balcázar Zelada (PB), Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP), Alejandro Muñante Barrios (RP), Martha Moyano Delgado (FP), Patricia Juárez Gallegos 8FP) y Esmeralda Limache Quispe (CD-JP).

Precisamente, estas dos últimas legisladoras solicitaron el retiro de un literal que permitía que a quien haga uso indebidamente de prestaciones de los seguros sociales en salud se le exima de responsabilidad penal si reintegraba el monto de lo defraudado.

Mientras, Martha Moyano Delgado señaló que con esta propuesta se estaría sobrelegislando la materia, ya que varios de los elementos propuestos ya están regulados en el Código Penal.

En otro momento, los miembros de la comisión aprobaron, también por mayoría, el dictamen de insistencia recaído en la observación del Poder Ejecutivo a la autógrafa del Proyecto de Ley 565/2021, Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL