Policía aplicará las sanciones de 5 y hasta 20 % de la UIT

Delincuentes en flagrancia pagarán multa

Centro de Noticias del Congreso

21 Abr 2021 | 17:18 h

La apropiación ilícita de un bien mueble será sancionada con multa por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando el infractor sea detenido en flagrancia, al margen del proceso penal que corresponda, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), aprobó, por mayoría, la iniciativa que plantea una multa administrativa desde 5 hasta el 20 % de una unidad impositiva tributaria (UIT). Cabe recordar que una UIT asciende a 4400 soles.

De acuerdo con el dictamen sustentado por Lazo Villón, la finalidad de la propuesta es combatir la inseguridad ciudadana, estableciendo medidas que desalienten la comisión de faltas y delitos contra el patrimonio, además de brindar el marco legal para el ejercicio de la potestad fiscalizadora y regular el régimen sancionador de la PNP en esa materia.

La titular de la comisión dijo que “frente a la poca eficiencia de la actual normatividad, planteamos un nuevo mecanismo administrativo que se traduce en la imposición de multa como sanción a la comisión de actos contra el patrimonio en casos de flagrancia”.

Lazo Villón expresó la discrepancia de ese grupo de trabajo con la opinión de los especialistas que invitaron, tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio del Interior, en el sentido que la norma ya existe y que es aplicada por parte del Estado.

Explicó que en el caso de que los sancionados no pagaran la multa respectiva no podrá realizar trámites civiles ni bancarios ni ante la Oficina Nacional de Migraciones.

“En el Congreso trabajamos y debemos aportar en la lucha contra la delincuencia que hace daño a los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista sí tiene efecto disuasorio.

El cuarto artículo de la propuesta fue votado aparte, porque el congresista César Vásquez Tuanama (DD) pidió duplicar la sanción.

La congresista Martha Chávez se manifestó a favor de la iniciativa, pero consideró que debía especificarse el destino de las sanciones pecuniarias.

La congresista Cecilia García Rodríguez (PP), autora de dos propuestas que son recogidas por el dictamen, dijo que con la aplicación de la medida los delincuentes tendrán que pagar una multa y con ello se logrará generar un antecedente de su conducta criminal-social.

LOS TÉCNICOS

Para efecto del debate fueron invitados especialistas del sector público: Gilmar Andía Zúñiga en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Katherin Huacho Tafur y Carolina Albújar Verona del del Ministerio del Interior, quienes la calificaron como no viable.

Andía Zúñiga consideró que la aplicación de la ley no obtendría los resultados esperados, aunque consideró que es correcta técnicamente. Asimismo, dijo que la propuesta plantea un subsistema de sanción al margen del judicial y preguntó cuánto significaría implementarlo a nivel nacional en todas las fases del proceso administrativo.

Asimismo, recomendó la necesidad de fortalecer el sistema existente, que incluiría un sistema de juzgados de paz que se haga cargo de las faltas.

Por su lado, Huacho Tafur y Albújar Verona coincidieron con Andía Zúñiga en considerar la propuesta como no viable.

DAÑO EMERGENTE

De otro lado, la comisión aprobó, por mayoría, la propuesta legislativa del período anterior, presentada por el excongresista Miguel Castro Grandez (FP), que plantea la introducción del “daño emergente” como contenido de la indemnización.

El proyecto de ley propone cambiar el concepto de “daño moral, por “daño a la persona”; y el de daño emergente”, dentro de la categoría de “indemnización.

Finalmente, la comisión dejó en un cuarto intermedio el Proyecto de Ley N.° 4423, presentado por el Poder Ejecutivo a través del Indecopi que busca sancionar una nueva modalidad delictiva basada en la grabación ilegal de una película en el cine o una sala de exhibición con el fin de transmitirla dolosamente y con fines de lucro.

Se considera que el uso de la tecnología y el Internet han rebasado el efecto de las normas vigentes y, con el fin de un mayor estudio y debate, los parlamentarios pidieron tomar un mayor espacio de discusión.

 

 

Lima, 21 de abril de 2021

PRENSA-CONGRESO

 

 

 

 

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