La Comisión de Fiscalización y Contraloría dejó al voto y será considerado como primer punto de la agenda de su próxima sesión, el proyecto de la ley de gestión pública de intereses en la administración pública, que, entre otras, propone sustituir los términos inglés ‘lobbing’ o ‘cabildeo’ por el de ‘gestores de intereses’ (propios y de terceros o gestor profesional), y establecer los requisitos que se requieren para ello.

Lo anunció su presidente, Gustavo Rondón Fudinaga (SN), en la sesión ordinaria celebrada el miércoles 4, en la que el predictamen no fue votado por falta de cuórum.

La propuesta legislativa obedece a que la Ley 28024 y su reglamento, que regula la gestión de intereses en la administración pública, no ha cumplido con los fines para los que fueron aprobados, al punto que solo existen 20 personas inscritas en el registro público de la SUNARP y no han registrado los informes semestrales que exige la ley, ni se ha designado a los miembros del tribunal administrativo.

Además, existe desconocimiento de los empleados públicos con capacidad de decisión sobre el procedimiento a seguir en esos casos, entre otras razones; aparte de que en nuestro país el término lobby “parece haber saturado a la opinión pública, considerándosela como una actividad informal que busca ventajas indebidas”, y “está hasta cierto punto estigmatizado”.

El dictamen busca beneficiar al Estado al proponer que los actos de gestión de intereses en los portales institucionales permitan un grado de transparencia mayor en la toma de decisiones; y favorecería a la sociedad en general, ya que está orientado a proteger el interés público en la toma de decisiones, pues la información que se publique en los portales institucionales posibilitaría el escrutinio público al respecto.

‘Caso Fasabi’

La Comisión acordó también citar de grado o fuerza al ciudadano Juan José Peñafiel Reyes, presunto chofer del presidente Humala, quien habría sido el encargado de retirar de la Morgue el cadáver del joven soldado Émerson Fasabi Moscovich, muerto en extrañas circunstancias, y trasladarlo hasta el caserío de Tiahuanía, en el distrito de Atalaya, en Ucayali, para entregárselo a su madre.

El uso del apremio jurisdiccional se debe que Peñafiel ha sido citado en dos oportunidades y no ha justificado su inasistencia, por lo que el congresista Héctor Becerril (FP) propuso que sea citado de acuerdo con las atribuciones de comisión investigadora que tiene la Comisión de Fiscalización sobre este caso.

‘Agendas’ de primera dama

En la sesión se presentó el excongresista Pedro Santos Carpio (2006-2011), quien reiteró ante la Comisión que jamás desempeñó los cargos de tesorero ni contador del Partido Nacionalista en las campañas electorales de 2006 y 2011, y denunció que habría sido Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine, presidenta de esa agrupación política, el que falsificó su firma en el documento de rendición de cuentas presentada a la ONPE.

Confirmó también que Ilan Heredia se negó a mostrarle los originales del informe y que fue la ONPE la que le entregó una copia, lo que le permitió confirmar la falsificación de su rúbrica. Por ello, ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue e identifique a todos los responsables de esa ilegalidad.

El ex legislador nacionalista acudió a la sesión como involucrado en la posible comisión de ilícitos en que podría haber incurrido Nadine Heredia derivados del contenido de las agendas mencionadas, cuya propiedad se le atribuye y que es materia de investigación.

También habían sido citados, pero no se presentaron, Salomón Lerner Ghitis, ex titular de la PCM, en el actual gobierno, quien se encuentra de viaje; Edwin Yalico Contreras y Arturo Belaunde Guzmán, quienes pidieron ser convocados nuevamente.

Sobre el mismo caso volverá a ser citado el exparlamentario Álvaro Gutiérrez Cueva, quien poseía las llamadas ‘agendas’ de la primera dama, y las entregó a las autoridades judiciales y a un programa periodístico semanal.

El testigo estaría de viaje en Egipto, y no se descarta que preste sus declaraciones mediante una video-conferencia, según lo adelantó Rondón Fudinaga.

Por último, la Comisión aprobó, sin debate, la relación de personas que serán investigadas por la presunta comisión de irregularidades cometidas por el gobierno regional de Loreto. Sus identidades no fueron reveladas por tratarse de un caso que será investigado en forma reservada, y cuya relación fue enviada, previamente y en sobres lacrados, a los integrantes de la comisión. (JVS)

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