En su reciente Informe Defensorial sobre la crisis política, la institución señala que dada la finalidad del proceso competencial – que es defender el funcionamiento del Estado dentro del marco constitucional -, es necesario reconocer una legitimidad procesal amplia para definir los parámetros constitucionales en el ejercicio de las atribuciones de los respectivos poderes.

De igual forma, considera que el TC debe tomar en cuenta el principio de función integradora “con el fin de pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad” y, por lo tanto, encontrar una solución constitucional a temas pendientes de resolver como los límites a los decretos de urgencia y las competencias de la Comisión Permanente en este periodo de interregno parlamentario que atraviesa el Congreso peruano.

Entre las conclusiones del Informe –luego de hacer un análisis de la crisis en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento-, la Defensoría del Pueblo recuerda que la jurisprudencia del TC exige que ambos poderes deben evitar actuaciones obstruccionistas y preferir los mecanismos de diálogo para solucionar las crisis políticas existentes.

“En los últimos tres años se ha generado un prolongado conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo producto de que estos no han entendido el rol constitucional que les fue conferido y, por el contrario, se han estacionado en una disputa por derrotar totalmente al otro”, se señala en el Informe Defensorial.

También se refiere al pedido de cuestión de confianza que solicitó el Gobierno y dice al respecto que la DP considera “que no es posible que el Poder Legislativo haga ineficiente la cuestión de confianza otorgándola formalmente con los votos, pero en la práctica desnaturalizando los fines de la solicitud”.

Advierte que esta situación de crisis institucional, en el que los escenarios previamente señalados fueron gobernados por la lógica de los hechos y no del Derecho, trajo como desenlace la disolución del Congreso y que pudo evitarse si se tuvo la oportunidad de presentar una demanda competencial ante el TC por el supuesto exceso del ejercicio de competencia del otro, pero no lo hicieron.

En el documento que lleva fecha de hoy viernes 25, la DP precisa que el proceso competencial es una garantía constitucional que tiene por objeto velar por el respeto de la distribución de las competencias previstas en la Constitución y garantizar la vigencia del principio de supremacía constitucional, así como la continuidad del Estado Constitucional de Derecho.

Sin embargo, la Carta política no determina cuáles son los sujetos procesales que tienen legitimidad para iniciar una demanda competencial, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad; incluso, opta por establecer una reserva legal para que el legislador se encargue de regular su diseño procedimental.

Tampoco determina específicamente cuáles son las materias sobre las cuales el presidente del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza, por lo que el TC ha interpretado que la omisión ha dejado un amplio margen de actuación del Poder Ejecutivo.

PRENSA CONGRESO