El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sustentó, esta tarde ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, el proyecto de ley que propone regular los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras de Estado.

Gutiérrez Camacho explicó que la iniciativa se funda en la necesidad de garantizar el fiel cumplimiento del principio de buena administración pública, desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en el mismo sentido, el deber de los ministros de garantizar y proteger los derechos humanos.

El defensor del pueblo detalló también que su propuesta de ley plantea incorporar una disposición a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que recoja un conjunto de requisitos que deberá tomar en consideración el presidente de la República al elegir a quiénes serán sus ministros. “Con ello, se explicitan los límites ya impuestos por la propia Constitución, garantizando que las personas designadas sean idóneas para el cargo” preciso.

Asimismo, la iniciativa legislativa señala que los titulares de los diversos portafolios deben encabezar la lucha contra la corrupción y el terrorismo, máximas expresiones de agravio a los derechos fundamentales en el Perú.

Estos deberes constitucionales se traducen en el conjunto de requisitos recogidos en la propuesta de ley. Así, por ejemplo, se prohíbe que ocupe un cargo ministerial aquella persona que ha sido condenada por un delito doloso o que haya sido destituida de la administración pública por la comisión de una falta muy grave. También, se limita que se designe en el cargo de ministro a quienes cuenten con una acusación fiscal por delitos especialmente graves, como el terrorismo, y quienes se encuentren incursos en un impedimento legal.

INICIATIVA DE LA CONTRALORÍA

El contralor Nelson Shack sustentó, también ante este grupo de trabajo parlamentario, un proyecto que tiene como fin establecer requisitos mínimos para funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza. En esta iniciativa están comprendidos los funcionarios del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, gobiernos regionales, locales y otras entidades estatales.

Shack Yalta explicó, ante el Parlamento, que lo que plantea el órgano de control con esta ley es que este personal cumpla con los siguientes requisitos:
a) Titular de pliego de ministerio: formación académica de nivel superior completa y diez años de experiencia laboral.
b) Titular de pliego distinto a ministerio: formación académica de nivel superior completa y ocho años de experiencia laboral.
c) Titular de unidad ejecutora: formación académica de nivel superior completa y cinco años de experiencia laboral, de los cuales tres deben ser en el sector público.

Además, los requisitos del punto b) aplicarían para los directores de las empresas del Estado pertenecientes al gobierno nacional, regional y local.

La Contraloría argumenta la metodología de Servir para la elaboración de perfiles de puestos de servidores civiles no aplica para funcionarios públicos, lo cual conlleva a que no existan “criterios unificados” que permitan contar con funcionarios que tengan una “idónea formación académica y sólida experiencia”.

OFICINA DE COMUNICACIONES