La congresista Lizbeth Robles destacó la dación del Decreto de Urgencia 019-2019 en momentos que está próximo el inicio del año escolar y porque permitirá proteger la integridad de los niños y los adolescentes.

Robles es coordinadora del Grupo de trabajo para analizar el citado Decreto de Urgencia que amplía los alcances de la Ley 29988.

En la sesión del lunes 6 fue convocada la representante del Ministerio de Educación, Ana Pari Morales, quien señaló que este decreto (sobre la inhabilitación del personal docente y administrativo de las instituciones educativas implicados en delitos y que crea el Registro de Personas Condenadas) “va en la línea de mantener y proteger el interés superior del niño”.

Informó que con el fin de brindar un adecuado servicio educativo es que se ha incluido, como principal modificación a la Ley N° 29988, catorce tipos penales nuevos en la lista que ya estaba señalada en la ley primigenia.

Ello, agregó, para que se apliquen “las medidas extraordinarias, que son la separación definitiva y la separación preventiva. Todo ello para contribuir en la seguridad en las escuelas y un adecuado centro de estudios para niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló que si bien hay derechos que podrían encontrarse en conflicto, como el de la libertad al trabajo con el de la educación, “aplicando el test proporcionalidad, vemos cuál es el bien jurídico relevante de este caso, que es el derecho que tienen todos los niños y todas las personas que acceden a un sistema educativo a tener contacto con personas adecuadamente formadas”.

En otra parte de la reunión, el general PNP Vicente Tiburcio, del Ministerio del Interior, indicó que, en su momento, su institución emitió un informe que hizo llegar al grupo de trabajo donde señalaban su opinión positiva sobre la ampliación del alcance de la ley. “En la parte que respecta a nosotros, solamente nos queda ampliar algunas directivas o protocolos”, indicó.

Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Sánchez, destacó la urgencia del decreto. “De no hacerlo ahora no se podría aplicar para el año escolar que está por empezar”. En ese sentido, destacó el valor de las personas que se quieren proteger. Hay muchos casos donde los docentes aprovechan de las personas vulnerables y se hace necesario tener instrumentos que garanticen sus derechos”, dijo.

La Ley N° 29988 establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.