Este viernes se aprobó por unanimidad el informe de evaluación del grupo de trabajo que examinó el Decreto de Urgencia 016-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público.

Durante la sesión, la congresista Indira Huilca, coordinadora del grupo, sustentó el documento y expresó que, de acuerdo a las conclusiones, este Decreto de Urgencia “afecta, frente al despido arbitrario, el derecho de reposición, que forma parte del derecho fundamental al trabajo de los servidores del sector público, que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada que no ingresaron por concurso público”.

Además, indicó que “no se ha sustentado adecuadamente la urgencia de la medida”.

Por ello, señaló que “el grupo de trabajo considera necesario que, una norma que colisiona con el derecho fundamental al trabajo, como el de los servidores públicos, debe ser sometido al debate parlamentario con la finalidad de recibir opiniones y aportes de todas las instituciones públicas y privadas”.

En las recomendaciones del informe se sugiere que el próximo Congreso conforme una comisión que investigue las consultorías realizadas por el Poder Ejecutivo desde el año 2011 hasta el 2018.

La congresista Huilca solicitó, además, que en las recomendaciones se incluya también la investigación de las contrataciones del personal altamente calificado, que no tienen una fiscalización adecuada.

Por su parte, el congresista Ángel Neyra, indicó que los recursos humanos en el Estado también incluyen las consultorías y, por lo tanto, es pertinente que se investiguen. “Faltan el respeto a todos los trabajadores del aparato del Estado que tienen preparación” porque, en paralelo, aparecen otros recursos humanos como son las consultorías.

Posteriormente, señaló que “toda la información física y el acervo documentario de las consultorías que ha investigado mi despacho, formará parte del informe final de este grupo de trabajo”.

PRENSA-CONGRESO