En su tercera sesión ordinaria, la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Elvis Vergara Mendoza (AP), aprobó -por unanimidad (11 votos)- dos informes de calificación que declararon improcedentes igual número de denuncias.

El primer informe de calificación corresponde al Expediente 222-2024-2025/CEP-CR, denuncia seguida contra el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP).

El representante por Puno fue denunciado por haber tratado de interferir en la autonomía universitaria y en la administración de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, al haber exigido ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la cancelación de registro de determinados predios.

El informe, al haber realizado las declaraciones del congresista, concluyó que el legislador carece de atribuciones para su solicitud y, por ello, debe entenderse como una exhortación a las autoridades competentes. El informe propuso declarar improcedente la denuncia y su respectivo archivo. Obtuvo 11 votos a favor.

El segundo informe de calificación corresponde al Expediente 226-2025-2026/CEP-CR, seguido contra la legisladora Ruth Luque Ibarra (BDP), y cuyo denunciante fue el parlamentario Jorge Montoya Manrique (HyD).

A Luque Ibarra se le imputó haber realizado declaraciones el pasado 5 de agosto en el Hall de Los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, junto al diputado del Partido Liberal Colombiano, Juan Carlos Losada Vargas, que habrían pretendido cuestionar la soberanía peruana respecto al territorio fronterizo entre Perú y Colombia, específicamente en la isla Santa Rosa.

El informe concluye, luego de analizar las declaraciones de la legisladora, que la denuncia debe ser considerada improcedente, ya que siempre se refirió a la necesidad de establecer los protocolos diplomáticos y tener en cuenta a los pobladores originarios de la zona, que se hayan en completo abandono. También obtuvo 11 votos a favor.

RECHAZO DE PLANO
Como último punto de agenda, la Comisión de Ética aprobó, por mayoría (7 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones), el Informe de Rechazo de Plano, en el Expediente 228-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del periodo legislativo 2024-2025.

La denuncia fue interpuesta por la ciudadana Gabriela Vidarte Mata, quien acusó a los miembros de la SAC en dicho periodo, presidido por la congresista María Acuña Peralta (APP), tras haber aprobado en la vigésima séptima sesión extraordinaria declarar procedente la Denuncia Constitucional 559, interpuesta contra los magistrados de la segunda sala del Tribunal Constitucional, lo que vulneró, afirmó la denunciante, su derecho a la defensa y al debido proceso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL