Seis denuncias interpuestas por ciudadanos a diferentes autoridades públicas del país fueron calificadas de improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresistas Karina Beteta Rubín (FP), en la sesión que realizó hoy en la sala María Elena Moyano del Poder Legislativo.

Ese grupo de trabajo dejó pendiente dos denuncias a fin de realizar un análisis más exhaustivo.

La primera denuncia en ser calificada de improcedente, por mayoría, fue la formulada por el ciudadano Jesús Dávila en contra de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento anterior, Víctor García Belaunde, Martha Chávez, Santiago Gastañadui, Ana Jara, Martín Rivas Texeira, Javier Velásquez Quesquén y María Soledad Tello.

La otra que corrió el mismo destino, pero por unanimidad, fue la denuncia formulada por Amarante Gonzales Latorre contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. También fue calificada de improcedente la interpuesta por el ciudadano Martín Siccha Vásquez contra los fiscales supremos Carlos Heredia, Gianina Tapia, José Peláez Bardales, Liz Benavides, Pablo Sánchez Velarde y Pedro Chávarry.

Asimismo, fue considerada improcedente la denuncia de Fidencio Blas Estrada contra los magistrados del Tribunal Constitucional José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Manuel Canales Miranda, en su calidad de presidente. Igualmente la interpuesta por Alejandro Rodríguez Medrano contra el expresidente de la Corte Suprema, Víctor Ticona Postigo.

Fue calificada de improcedente la formulada por José Álvarez Merino contra los miembros del Tribunal Constitucional Eloy Espinoza Saldaña-Barrera y Carlos Ramos Núñez. Todas las denuncias indicadas fueron archivadas.

Karina Beteta informó al pleno de la comisión que el número de denuncias se está incrementado, pero lamentablemente un gran porcentaje de ellas carecen de argumentos legales y no cumplen con los requisitos pertinentes, por lo que muchas de ellas serán calificadas de inadmisibles.  (jon)

PRENSA-CONGRESO