La Comisión de Energía y Minas, que preside el congresista Paul Gutiérrez Ticona (BMCN) aprobó el dictamen del proyecto de ley declara de necesidad pública e interés nacional el reforzamiento de la línea de transmisión eléctrica y la ejecución de subestaciones de potencia en el departamento de San Martín con el fin de asegurar la atención de la demanda de energía.

Previamente, Gutiérrez Ticona informó que hoy se iniciaron las reuniones de la mesa de trabajo para discutir el proyecto de Ley 9555/2024-PE sobre la pequeña minería y minería artesanal, con la participación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, de Osinergmin, representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y de los gremios de la pequeña minería.

Precisó que la mesa de trabajo abordará la trazabilidad de las operaciones mineras, el uso de los explosivos, la comercialización de minerales, el cumplimiento tributario, la fiscalización ambiental, y velar porque el uso del dinero obtenido no forme parte de posibles acciones ilegales, entre otros temas.

Durante la sesión se debatió el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7917/2023-CR , Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el reforzamiento de la línea de transmisión eléctrica en el tramo Tarapoto – Bellavista – Tingo María en 220 KV y la ejecución de subestaciones de potencia de Moyobamba, Rioja, Picota y  Bellavista, con el fin de  asegurar la atención de la demanda de energía eléctrica en el departamento de San Martín.

La iniciativa legislativa, presentada por la congresista Karol Paredes Fonseca (Avanza País), fue aprobada por mayoría y señala que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas,  coordinarán con las autoridades regionales, provinciales y distritales  la ejecución del proyecto eléctrico.

También se sometió a debate el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 07558/2023-CR , que establece que las empresas responsables de los proyectos extractivos (de recursos minerales, de hidrocarburos, energía, entre otros) destinarán hasta el 10% de sus acciones para ser adquiridas por las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Al respecto, el congresista Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia) se mostró contrario al proyecto, pues según dijo, implicaría inmiscuirse en la asociación empresarial privada

El congresista Pasión Dávila (BS) precisó que esta asociatividad permitirá una sana convivencia entre los empresarios mineros y las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros.

Por su parte, el congresista Jorge Morante Figari (Somos Perú) manifestó que no sería necesaria una ley para crear este tipo de asociatividad, pues esta facultad es voluntaria, y que los riesgos que implican la actividad minera podrían también afectar a las comunidades.

Se sometió a votación el predictamen, y no fue aprobado por mayoría, pues solo obtuvo 6 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL