Con importantes aportes brindados por los congresistas Luz Salgado Rubianes y Marco Arana Zegarra, la Comisión Permanente aprobó con trece votos a favor, dos en contra y seis abstenciones, el informe de evaluación de Decreto de Urgencia 020-2019, que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector público, elaborado por el grupo de trabajo que coordinó el parlamentario Justiniano Apaza Ordóñez.

La norma dispone la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los servidores civiles, requisito indispensable para ejercer un cargo público, tiene por finalidad transparentar información relevante de los sujetos obligados, para la detección y prevención de conflictos de intereses, y define qué funcionarios y servidores están obligados a presentar la mencionada declaración.

Durante su exposición, el congresista Apaza Ordoñez hizo hincapié en que este dispositivo integra disposiciones contenidas en los Decretos Supremos 080-2018-PCM y 138-2019-PCM, normas que no extienden dicha obligatoriedad a todo el sector público, pues observó que no están incluidos los parlamentarios andinos y sus asesores, y omite también al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, así como a los intendentes y superintendentes.

Otra de las conclusiones establece que resultaría pertinente incorporar información referida a las membresías o pertenencia a clubes privados, así como aportes económicos a partidos u organizaciones políticas particularmente en campañas electorales; de igual modo no aprueba la Declaración Jurada que consigne información de menores de dada, puesto que resultaría una afectación a interés superior del niño y del adolescente.

Durante el debate del citado informe, la legisladora Luz Salgado advirtió la no inclusión de los asesores ministeriales y presidenciales, que son funcionarios que determinan políticas y presupuestos, funciones de alta responsabilidad en el manejo del Estado. “Todos deben mostrar transparencia”, enfatizó, en el momento en el que dijo no entender por qué esta norma solo “selecciona” un grupo.

Por su parte, el congresista Marco Arana saludó que este Decreto de Urgencia vaya en la línea de transparentar información que ayude a prevenir actos de corrupción. Por tanto, subrayó la importancia de que esta medida se extienda a todos los funcionarios de gobierno y solicitó que en las recomendaciones del informe final se incluya la sugerencia para el nuevo Congreso de que retome el debate y aprobación del Proyecto de Ley 4591, que fortalece la lucha contra la corrupción.

PRENSA-CONGRESO