La suspensión temporal de la venta, distribución y uso de determinados productos fitosanitarios destinados a la producción de alimentos de origen vegetal para consumo interno, dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC), fue el tema central de debate en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado.

Para abordar este tema, el grupo de trabajo, presidido por Alfonso López Chau (Ahora Nación), invitó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien informó a los senadores que su sector ha dispuesto la implementación inmediata de la medida establecida por el máximo órgano constitucional.

Asimismo, señaló que se ha ordenado difundir la sentencia entre los establecimientos comerciales, intensificar las acciones de fiscalización, supervisar los inventarios y verificar el destino de los productos. También se solicitarán declaraciones juradas a los distintos eslabones de la cadena comercial, con el fin de reforzar la trazabilidad de estos insumos.

La suspensión temporal está contemplada en la sentencia 1111/2026 del Tribunal Constitucional, relacionada con la inocuidad alimentaria, la trazabilidad y el control de agroquímicos.

El TC declaró fundada la demanda al considerar que se acreditó la vulneración y amenaza cierta e inminente de los derechos fundamentales a la salud, la vida, la integridad y a gozar de un ambiente equilibrado. Las sustancias activas cuya utilización fue suspendida son clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina (clothianidin).

En esa línea, Vinelli informó que, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se viene formulando un Plan Interinstitucional de Inocuidad para cumplir con lo dispuesto en la sentencia, cuyo plazo de implementación es de 180 días hábiles y vence en abril de 2027.

Durante el debate, el senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular) expresó su preocupación por el impacto económico que la medida podría generar en los pequeños productores. En ese sentido, preguntó cuántos agricultores se verían afectados económicamente y qué alternativas contempla el sector para compensar los mayores costos que implicaría cumplir con esta disposición.

Por su parte, Percy Osorio Palpán (Juntos por el Perú) sostuvo que los más perjudicados serían los agricultores familiares, debido a la falta de asistencia técnica del Estado. Señaló que muchos productores trabajan de manera empírica y que, en numerosas ocasiones, los insumos químicos ingresan al mercado de forma ilegal.

A su turno, Jaime Delgado Zegarra (Ahora Nación) enfatizó que la protección de la salud debe estar por encima de cualquier posición política. “La salud no tiene partido, no tiene color político. Salvemos la vida de los consumidores de las próximas generaciones”, manifestó. Asimismo, planteó la necesidad de definir un modelo institucional de fiscalización y control que garantice una supervisión eficiente y proteja la vida de los peruanos.

En tanto, Víctor Noriega Reátegui (Fuerza Popular) consideró que el principal problema radica en la falta de acercamiento del Estado a los agricultores para conocer sus necesidades y buscar soluciones a partir de la investigación. Por ello, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones públicas y los pequeños productores.

En otro momento de la sesión, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego informó sobre las acciones que su sector viene implementando frente al impacto del fenómeno El Niño en la actividad agraria de la Amazonía.

SESIÓN CONJUNTA

Antes de concluir la sesión, Alfonso López Chau anunció que el próximo 30 de noviembre se realizará una sesión conjunta con las comisiones de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado, a fin de abordar las estrategias para frenar los factores que impulsan la deforestación.

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