Preocupados por las personas que se han quedado sin ingresos durante esta pandemia por covid-19, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos, que preside el congresista José Luna Morales (PP), puso a debate el dictamen recaído en el proyecto de ley 5674/2020-CR, que propone el retiro facultativo total de aportes al sistema privado de administración de fondos de pensiones.

En ese sentido, José Luna Morales (PP) explicó que esta iniciativa legislativa tiene como propósito facilitar a las personas que no vienen aportando y que en las actuales circunstancias va a ser difícil que obtengan un empleo estable, a fin de que puedan retirar el total de sus aportes, porque, añadió, en la práctica no lograrán acceder a pensiones dignas al finalizar sus años de aportación.

No obstante, María Silupu Inga (FP) indicó que se debe insistir en que el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS brinden su opinión, porque deben tener claridad y un soporte técnico de impacto de esta medida, más aún cuando la Asociación de las AFP ha opinado en contra.

Por su lado, Cecilia García Rodríguez (PP) acotó que, desde enero hasta mayo, las AFP en plena pandemia han ganado 133 millones de soles y, añadió, que eso lo han ganado por administrar los fondos de los trabajadores.

Luego, Franco Salinas López (AP) propuso que las personas que demuestren que están desempleadas y no tienen ingresos, puedan retirar 1 UIT de sus fondos de pensiones, y, añadió, con este pequeño capital puedan resistir a esta pandemia.

“Al aprobar este predictamen, los expertos del gobierno van a adelantar opinión diciendo que van a observarla, pero estaremos con la conciencia tranquila de que hemos cumplido nuestra parte”, dijo Rubén Ramos Zapana (UPP).

SERVICIO EDUCATIVO PRIVADO ESCOLAR

También se dio lectura del dictamen de los proyectos de ley 5230/2020-CR, 5514/2020-CR y 5743/2020-CR, que mediante un texto sustitutorio propone la ley que regula la prestación del servicio educativo privado escolar en situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecta la vida de la nación.

Al respecto, José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) aclaró que las convocatorias a elecciones para la constitución de la Apafa no tienen que ver con el objetivo de la presente norma.

LA VELOCIDAD MÍNIMA DE CONEXIÓN A INTERNET

La parlamentaria Cecilia García Rodríguez (PP) sustentó el proyecto de ley 5398/2020-CR, que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet al 90 % del plan contratado a favor de los usuarios.

En esa línea, dijo que los objetivos de la propuesta es asegurar a los consumidores una información clara sobre los productos que se están contratando y tener formas concretas de comprobar que se cumpla las características ofrecidas por cada operador.

Entre los beneficios de esta iniciativa, la parlamentaria mencionó que aumentará el ingreso real de los hogares, propiciará una mayor inversión en infraestructura y permitirá una óptima velocidad de internet.

ACUMULACIÓN DE LOS MEGAS DE INTERNET

Posteriormente, Guillermo Aliaga Pajares (SP) sustentó el proyecto de ley 5772/2020-CR, que propone acumular los megas de internet que no se utilizan dentro del plan mensual adquirido por los usuarios de telefonía móvil para el consumo del siguiente mes.

Además, explicó que la presente norma no modifica ninguna ley vigente, ni genera gastos al erario público, motivo por el cual es completamente viable y se le está dando la potestad para las personas que compren planes de megas puedan usarlo en un 100% incluso en el mes posterior.

LEY ANTIMONOPOLIO

A fin de tener más opiniones para elaborar el dictaminar sobre el Decreto de Urgencia 013-2019, que establece el control de operaciones de concentración empresarial, (Ley Antimonopolio), el grupo de trabajo recogió la postura del fiscal nacional económico de Chile, Francisco Riesco, quien expuso sobre el Sistema de Defensa de la Libre Competencia que se aplica en su país y las operaciones de concentración (umbrales).

Asimismo, indicó que los umbrales pretenden anticipar qué concentración empresarial puede ser riesgosa para la libre competencia. Además, precisó que el 92 % de dichas concentraciones revisadas por su institución, durante 3 años, no involucran a la micro, medianas y pequeñas empresas de su país, solo a empresas grandes.

Lima, 5 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO