La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el legislador Wilson Soto (AP), inició el debate del dictamen recaído en los proyectos de ley 7176/2023-CR, 7211/2023-CR, 7254/2023-CR y 7307/2023-CR que, con un texto sustitutorio, propone modificar la Ley 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ampliando la protección al consumidor.

Según indicó Wilson Soto, la propuesta busca garantizar que el 30 % de los medicamentos que se expendan en los establecimientos farmacéuticos sean genéricos a fin de “contrarrestar el interés de favorecer presentaciones de marcas (de medicamentos) que suelen ser más caras a pesar de no haber tenido costos de investigación y desarrollo”.

“Considerando las características de un mercado tan concentrado, como es el farmacéutico, resulta pertinente garantizar mayor transparencia, así como resaltar clara y visiblemente en los productos: el nombre del fabricante y su vinculación con las farmacias y boticas que la expenden. De esta manera, los consumidores podrán ser conscientes del eventual direccionamiento a la que son inducidos”, destacó.

Asimismo, Soto aseguró que existe una antigua práctica en la industria farmacéutica, que es otorgar beneficios en favor de los profesionales de la salud y personal de los establecimientos de ese sector a fin de favorecer sus productos y marcas.

“Esto perturba el rol del profesional que podría estar sobreponiendo sus intereses comerciales al interés del propio paciente al recomendarle recetas de productos de laboratorios”, señaló.

PROPUESTA

Por ello, el dictamen busca la modificación de los artículos 27, 28 y 46 de la Ley 29459, para que las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos del sector privado (clínicas) estén obligado a mantener un stock mínimo del 30 % de la oferta total de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos.

En parte del texto sustitutorio plantean la prohibición de que las farmacias brinden servicios de consulta, análisis y campañas médicas, así como degustaciones y actividades no autorizadas por la autoridad nacional de productos farmacéuticos. Asimismo, se les prohíbe comercializar alimentos perecibles como productos derivados del tabaco, bebidas alcohólicas o cualquier otro producto o servicio que no corresponda.

Durante el debate, la congresista Rosangella Barbarán (FP) dijo, sobre la posibilidad de que las farmacias cuenten con un stock de medicamentos genéricos, que se incluya en los establecimientos públicos (hospitales y postas). Su colega Eduardo Castillo dijo que el espíritu de la iniciativa es ayudar al ciudadano que no tiene para costear sus medicamentos ante un problema de salud.

En tanto, el congresista José Luna (PP) señaló que no se puede permitir que las grandes cadenas de boticas contraten a médicos para que los atiendan en sus establecimientos, ya que podría terminar beneficiando a laboratorios vinculados a estas farmacias.

Por su parte, la legisladora Adriana Tudela (Avanza País) señaló que vender productos que no sean medicamentos en farmacias es una práctica común y que se da en muchos países del mundo, donde existe una “alta vigilancia”. Además, dijo que muchos especialistas y gremios de boticas independientes se han opuesto a esa propuesta.

OTROS TEMAS

En otro momento, la Comisión de Defensa del Consumidor escuchó al viceministro de Trabajo, Jesús Baldeón Vásquez, así como a la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, para tratar sobre la problemática del abastecimiento de medicamentos y del servicio de hemodiálisis a cargo de EsSalud a nivel nacional.

Luego, el representante de la Asociación de Transportistas Camioneros y Conductores del Centro, Juan Carlos Lago Damián, expuso la problemática sobre el alza de tarifa para los transportistas, de parte de la Empresa Municipal de Mercados S.A (EMMSA).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL