El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, propuso la creación de terminales descentralizados con la participación del sector privado en zonificaciones adecuadas, en la sesión extraordinaria de la Mesa de trabajo instalada hoy viernes 5, bajo la coordinación del congresista Wuilian Monterola Abregú (FP), titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

            El alcalde de la capital dijo que se debe aplicar el principio de autoridad y ser más enérgicos en la medida que haya fiscalización. En ese sentido, consideró que se debe endurecer las penas para los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad y  la violencia contra la autoridad.

            Dijo que en ambos casos, los fiscales deben aplicar el proceso inmediato y evaluar que en el endurecimiento de las penas se considere la prisión efectiva.

            Karla Schaefer Cuculiza (FP), dijo que se trataba de una situación compleja al no haber terminales terrestres. Hay otras hipótesis que la policía debe investigar y aclarar. «Puede tratarse de un tema de extorsión, han habido 17 muertes. Yo veo un atentado. Debemos ser claros. La mesa se debe enfocar en eso y en 15 días tener resultados. Me parece que es un delito  que se debe investigar”, afirmó la congresista.

            Por su parte, el alcalde limeño afirmó que la visión de la municipalidad metropolitana es poder descentralizar esas zonas. «El lunes tendremos una ronda con inversionistas para contar con terminales descentralizados”, adelantó.

            Señaló que se debe aplicar el principio de autoridad e informó que en esta semana se han clausurado 11 terminales en Lima Metropolitana. “Se está buscando un grupo de apoyo legal para endurecer algunas penas”, acotó.

            Explicó que hay dos temas: Desobediencia y violencia contra la autoridad y “se está proponiendo una modificación en la misma norma para que el fiscal trate el tema de inmediato, de tipo penal, para incrementar la pena; y cuando se haya causado muerte en el delito de desobediencia. La pena es de 3 a 6 años, pero se puede pedir prisión preventiva”.

            Sobre violencia contra la autoridad, que también sea tratado de la misma manera que un delito flagrante, Muñoz sostuvo que se debe levantar la pena de cuatro años para tener la sanción de prisión preventiva. “Tenemos algunas propuestas en el ámbito administrativo y penal. Los terminales informales son muy onerosos y mantienen doble rasero. Hay que también fortalecer una campaña de valores”, dijo el alcalde.

INSTALAN MESA DE TRABAJO

A mano alzada, se aprobó por unanimidad la mesa de trabajo que se encargará de evaluar la problemática de los terminales terrestres informales para identificar los vacíos legales que permiten su funcionamiento; así como para evitar y sancionar el maltrato físico y verbal a los inspectores de la SUTRAN.

            Al respecto, la parlamentaria Alejandra Aramayo Gaona (FP), refirió que estamos aquí porque no se puede perder tiempo. Señala que se debe reforzar esfuerzos. Hay una sesión de otra comisión de defensa del consumidor, sobre el mismo tema. Se debe trabajar juntos para encontrar primero la verdad y luego ver las soluciones”.

            Por su lado, Carlos Estremadoyro Mory, viceministro de Transportes, indicó que es un hecho lamentable, pero consecuencia de la informalidad del transporte.

            “Algo está fallando en el sistema. Tenemos que identificar a esos vacíos legales. Se tiene que trabajar de manera conjunta. Creando normas de mayor alcance. Las acciones deben aplicarse para cerrar la cadena completa, todos los poderes en conjunto. Todos tenemos que compartir las tareas”, acotó.

            Patricia Cama Meza, Superintendenta de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, manifestó que se tiene que buscar los servicios formales. Todos tenemos que cumplir las normas”, dijo.

            Mientras tanto, el director de la Policía de Tránsito, general de la Policía Nacional, Jorge Lam Almonte, dio a conocer que existen 600 terminales informales a nivel nacional.

            “No esperemos que ocurra algo igual en otro punto del país. Estos transportistas informales suelen emigrar, pero el usuario por ahorrarse un sol o dos soles, se dirigen a esos terminales informales. Se les debe aplicar sanciones drásticas a esos informales”, añadió. Precisó que dentro de la investigación del siniestro se ha designado a una unidad especial policial  que va a determinar lo que realmente sucedió. La verdad, agregó, saldrá a la luz.

            Luis Pacheco Mandujano, representante del Poder Judicial, expresó que los dos choferes del fatídico bus están sujetos a una investigación por el delito de homicidio culposo, con una sanción de siete meses de prisión preventiva efectiva.

            “Es la consecuencia de una negligencia, sabía de peligro que ponía a las personas. Se habla de galones de gasolina, eso es negligente para un chofer experimentado. Otra pericia es un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado, todo es materia de peritaje por el momento”, agregó.

            También participaron los parlamentarios Dalmiro Palomino (FP), quien sostuvo que la responsabilidad está en el ente que expidió la licencia y que no fiscalizó. Mientras, Roy Ventura Ángel (FP), afirmó que se tiene que asumir responsabilidades; nadie deja de escapar su responsabilidad.

            Jorge Castro Bravo (CP), dijo que se tiene que ver soluciones. “No debemos perder la calidad de los estadísticas para saber que va a pasar en los próximos 15 años, para no estar con el mismo problema. Wilmer Aguilar Montenegro (FP), reiteró que existen vacíos legales, pero hay  también un tema de sanciones y maltratos a funcionarios. Es un tema nacional, no solo de Lima”.

            Finalmente, Víctor García Belaúnde (AP) comentó que el tema no se va a solucionar tan fácilmente, y que mientras no haya terminales, seguirá el problema. En el Perú no hay terminales formales. Hay terrenos del Estado que pueden ser utilizados para ese fin.

VISITA DE INSPECCIÓN

            El grupo de trabajo, al término de la sesión  a las 13.00 horas, se dirigió  a inspeccionar las instalaciones del Terminal Terrestre Marco Polo, en Fiori, distrito de San Martín de Porres, así como a otro terminal, ubicado en la conocida zona de  “La Pampa”, en el cono norte. Se reunieron con transportistas y pasajeros, en ambos lugares. (JCHOY)

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