La Comisión de Vivienda y Construcción, que preside el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, (AP) aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el PL 5990 y el PL 6049/2020-CR, que declaran de necesidad pública la realización de obras de saneamiento a favor de las provincias de Ucayali y Ramón Castilla, región Loreto.

El Proyecto de Ley N.° 5990/2020-CR, propone declarar de necesidad pública e interés nacional el proyecto de rehabilitación del sistema de agua y desagüe del distrito de Contamana, provincia de Ucayali, y el mejoramiento y la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Caballococha, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Esta iniciativa es del congresista Fernando Meléndez Celis (APP), quien agradeció este anhelo de 40 mil habitantes de Ucayali, con el servicio de agua y desagüe se podrá combatir las enfermedades más comunes como la anemia, desnutrición, entre otros.

El Proyecto de Ley N.° 6049/2020-CR propone declarar de necesidad pública e interés nacional la priorización y ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de Caballococha en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, fue presentado por el Grupo Parlamentario FREPAP a iniciativa de la congresista Luz Milagros Cayguaray Gambini.

Sustentan PL

En otro momento, el congresista Eduardo Acate Coronel (APP) sustentó el Proyecto de Ley N.° 6118/2020-CR, que propone una Ley que regula la construcción de las defensas ribereñas por parte de los gobiernos regionales y locales.

Señaló que hay localidades afectadas por los ríos Marañón, Huallaga, Nanay, Nauta, que tienen las precarias y dañadas viviendas de los moradores de esas zonas. Dijo que el Estado debe intervenir en defensa de la población ribereña.

Asimismo, el congresista Isaías Pineda Santos (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley N.° 6048/2020-CR, que propone una Ley que fomenta la reubicación del comercio informal en terrenos del Estado.

La propuesta tiene como objetivo fomentar la reubicación del comercio informal en terrenos del Estado, cuando el Gobierno declara el estado de emergencia y el postestado de emergencia, como parte de la reactivación económica.

PRENSA – CONGRESO