En primera votación, la Comisión Permanente aprobó la propuesta de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de diversas inversiones en infraestructura y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles necesarios para su desarrollo en los departamentos de Pasco, Piura, Lambayeque, Puno, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Áncash, Lima, Arequipa, Apurímac, Junín, Ica, Cajamarca, Tumbes, Moquegua, La Libertad, San Martín y en la Provincia Constitucional del Callao.

El dictamen, aprobado con 20 votos a favor y 3 en contra, recae en el Proyecto de Ley 12119/2025-PE y se sustenta en la necesidad de reducir la brecha de infraestructura existente en el país, mejorar la conectividad de las poblaciones más alejadas con un enfoque de inclusión social y contribuir al desarrollo económico de las zonas beneficiadas mediante la ejecución oportuna de obras estratégicas.

De acuerdo con la norma, el pago de la indemnización justipreciada derivada de las expropiaciones será asumido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1192, que regula la adquisición y expropiación de inmuebles, la liberación de interferencias y otras medidas necesarias para la ejecución de obras de infraestructura.

Asimismo, se precisa que los gastos derivados de la implementación de la ley se financiarán con cargo al presupuesto institucional del MTC, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Durante el debate, la secretaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza País), explicó que la iniciativa responde a la necesidad de que Provías Nacional cuente con una ley habilitante que permita realizar las expropiaciones correspondientes a las inversiones programadas para el año 2025.

Advirtió que, sin esta norma, las obras no podrían iniciarse, generando retrasos, sobrecostos, paralización de contratos y penalidades. En ese sentido, destacó que la aprobación de la ley permitirá cumplir los plazos contractuales y optimizar el uso de los recursos públicos.

Paredes Fonseca añadió que uno de los proyectos incluidos es el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, vía que presenta un grave colapso estructural, con forados y grietas que han obligado a su cierre total, ocasionando desvíos caóticos y afectando a miles de ciudadanos.

Subrayó que esta avenida constituye una conexión estratégica con los puertos de Chancay y Callao, por lo que su recuperación resulta prioritaria.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, congresista María Acuña Peralta (bancada APP), señaló que el MTC es designado como entidad ejecutora y responsable de las expropiaciones, garantizando el pago de la indemnización justipreciada a los propietarios afectados. Indicó además que la propuesta cumple con el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que establece la expropiación por causa de necesidad pública con indemnización previa, y respeta el principio de proporcionalidad.

La legisladora destacó que entre los principales beneficios de la norma se encuentran la conexión de regiones aisladas, la mejora del acceso a servicios básicos como salud, educación y transporte, el fortalecimiento de la red vial nacional y la cohesión interterritorial.

Asimismo, resaltó el impacto positivo para la ciudadanía en general, especialmente para las poblaciones rurales alejadas, al reducir los tiempos de viaje y facilitar el acceso a mercados y servicios, así como para las empresas de transporte y comercio, al disminuir los costos logísticos.

Durante la sesión, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) propuso modificar la Ley 29151 para precisar que el concepto de “bienes estatales” comprende terrenos de propiedad del Estado, cuenten o no con edificaciones de cualquier naturaleza.

Asimismo, planteó que, en los casos de venta directa, cuando el comprador se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se aplique un descuento del 80 % del valor comercial, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a personas que ocupan predios estatales, como ocurre en zonas de Barrios Altos.

De igual manera, propuso la incorporación del artículo 10.3 para facultar la transferencia de predios estatales a valor arancelario destinados a la ejecución de viviendas de interés social, estableciendo cargas, beneficios y garantías que aseguren el cumplimiento de dicha finalidad, y exceptuando la aplicación del artículo 7 de la misma ley.

Según indicó, estas propuestas buscan dinamizar la gestión de los bienes estatales y orientarla al desarrollo y la inclusión social.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL