La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia constitucional presentada contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos por la presunta comisión del delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), contemplado en el artículo 370 del Código Penal.

Así lo determinó la Comisión Permanente del Congreso, que sesionó el martes 9 con la conducción del presidente Daniel Salaverry Villa. Votaron a favor de otorgar ese plazo establecido en el inciso d) de artículo 89 del Reglamento, 20 legisladores, mientras que dos votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

La decisión se tomó luego de un intenso debate que devino en la presentación de dos cuestiones previas: una para que la referida denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y otra para que el extremo declarado “improcedente”, sea considerado “procedente”, los cuales fueron finalmente desestimados por mayoría (16 voto en contra en ambos casos).

De esta manera, pasó el archivo el extremo declarado improcedente de la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, como lo calificó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es decir, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal, respectivamente.

DESIGNAN A CÉSAR VÁSQUEZ

De otro lado, la Comisión Permanente designó al legislador César Vásquez (APP) como único integrante de la subcomisión acusadora de las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288 para que informe y formule la acusación contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos ante el Pleno del Congreso, que se realizará este jueves 11.

Vásquez Sánchez reemplazará en el cargo al legislador César Segura (FP), presidente de la Subcomisión, quien estará de licencia por cumplir un viaje oficial del 10 al 13 de julio.

LEY A FAVOR DE BELÉN

Finalmente, se aprobó, por unanimidad, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1290 y 1266, que modifican la Ley 30291, que declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la zona baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

El presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Édgar Ochoa, informó que se agrega un párrafo al artículo 1 de esa norma, con el siguiente texto: “La población de la zona sujeta a reubicación será la que voluntariamente se acoja a los beneficios de la presente Ley”.

“Esta es una fórmula que evita la derogatoria de esta norma”, dijo el parlamentario.

Agregó que también se encarga a la Presidencia del Consejo de Ministros que, en coordinación con los sectores involucrados como la Municipalidad de Belén, población afectada y sociedad civil del distrito, analice en una plazo de 60 días la situación actual de la zona baja de Belén a efectos de identificar alternativas de desarrollo para la población que voluntariamente decidió no ser reubicada.

De igual forma, se encarga al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la coordinación interinstitucional para concretar las alternativas de desarrollo de la zona baja de Belén.

PRENSA-CONGRESO