En la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado, que preside el congresista Grimaldo Vásquez Tan (SP), el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarria, expuso sobre su gestión en materia del sector salud, en el contexto de la emergencia sanitaria decretada debido a la pandemia por covid-19.

En un inicio, Chavarría Oria indicó que, hasta el momento, la región Lima ha ejecutado el 43 % de los recursos destinados para atender la emergencia sanitaria por covid-19, lo que representa un total de S/ 35.4 millones.

Durante la ronda de preguntas, Alfredo Benites Agurto (Frepap) pidió detalles sobre las razones del supuesto desvío presupuestal en la construcción del centro de salud de Quillmaná y, asimismo, el motivo de la paralización de su segunda etapa, lo que ha dejado en el desamparo a muchas personas.

En otro momento, el legislador consultó por qué desde enero del 2019 no se puede concluir la implementación del hospital regional de Cañete, pese a que ya hubo varias ampliaciones presupuestarias.

“Esta obra no se va a terminar ni para el mes diciembre del presente año, porque cuando realicé una visita en el mes de julio las obras de equipamiento estaban en una fase inicial. Por ello he pedido que la Contraloría realice una auditoría multidisciplinaria, debido a que se están usando fondos públicos y la pandemia está atacando fuertemente”, cuestionó el parlamentario del Frepap.

Luego, Carlos Pérez Ochoa (AP) indicó que la provincia de Cañete registra mayores casos de covid-19 y todavía muestra una ejecución baja de su presupuesto. Agregó que lo más preocupante es que la Dirección Regional de Salud no está procediendo en hacer el gasto de su presupuesto y esto nos brinda un derrotero de cómo está con la respuesta ante la pandemia.

Posteriormente, refirió que el Sindicato Único de Trabajadores de la Diresa denunció irregularidades administrativas que se habían cometido en su interior sobre la no implementación de protocolos sanitarios para sus trabajadores, la ejecución del presupuesto asignado y la sobrevaloración en compra de pruebas rápidas y mascarillas descartables.

Lima, 10 de agosto de 2020

PRENSA-CONGRESO