El gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, brindó sus descargos sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción en negociaciones para la adquisición de equipamiento médico en plena pandemia de la COVID-19.

Fue durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).
En tanto, el legislador Elvis Vergara Mendoza (AP) preguntó si reconoce la voz en los audios difundidos en la sesión. La autoridad regional indicó que no la reconoce, ya que está editada, y por ello, está solicitando una pericia fonética.

Ante la pregunta de la congresista Mery Infantes Castañeda (FP) sobre la empresa beneficiada con la buena pro para la contratación directa, el gobernador regional de Amazonas dijo que no puede intervenir en las licitaciones públicas, porque no son sus atribuciones, y aclaró que en estado de emergencia la responsabilidad es de la Dirección Regional de Salud.

Seguidamente, Segundo Montalvo Cubas (PL) indicó que el Congreso de la República está decidido a luchar contra la corrupción. “No estamos cuestionando el proceso de las compras, sino la vergüenza de los audios a nivel nacional y mundial”, cuestionó el legislador.

EXPANSIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE

Tras un intenso debate, se decidió dejar en un cuarto intermedio el dictamen de insistencia, recaído en las observaciones formuladas por el presidente de la República, de la autógrafa de ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.

Durante la sesión, se aclaró que la proyectada norma no genera asignación adicional de recursos humanos para apoyo técnico administrativo a los recursos con los que actualmente cuentan los gobiernos regionales y locales.

Además, sostuvieron que tampoco incrementa el gasto público, ya que el control concurrente se financiará con el presupuesto asignado a cada entidad sujeta al Sistema Nacional de Control.

Luego, el parlamentario Enrique Wong (Podemos Perú) indicó que en el dictamen se debe incorporar que el control concurrente debe ser extendido a todas las instituciones de inversiones del Estado y que esta medida tenga carácter vinculante.

Por su parte, el congresista Pasión Dávila (Perú Libre) cuestionó que se le haya quitado la función sancionadora de la Contraloría y agregó que se debe ir en función a la necesidad del pueblo y, por eso, se debe incorporar sanciones más drásticas.

OFICINA DE COMUNICACIONES