La mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista Percy Alcalá (FP) criticaron este martes 4 que el Poder Ejecutivo plantee el pago de 103 millones de soles por laudo arbitral seguido por la minera Bear Creek Mining Corporation contra el Estado peruano. 

Esta disposición está establecida en el inciso a) del artículo 13 del dictamen del proyecto de ley 03121/2017-PE, que propone aprobar diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras acciones por parte de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

Los parlamentarios coincidieron en pedir al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra, quien sustentó esta iniciativa, que se dé un mejor destino de los recursos del Estado y priorizar la atención de las necesidades básicas de la población, como a las víctimas del friaje en el sur o mejorar los puestos de salud y centros educativos. 

El parlamentario Oracio Pacori (NP), representante de Puno, región donde está asentada esa empresa minera, manifestó que si se aprueba ese artículo de la norma podría generar una conflicto social en esa parte del país. 

“Es una situación controversial para el Congreso de la República, más aun cuando el gobierno había dicho que impulsará la austeridad de recursos que alcanzan a varias institucionales, medida que ahorrará más de 900 millones de soles”, indicó el parlamentario luego de adelantar que la bancada Nuevo Perú no apoyará esa propuesta. 

Por su parte, la legisladora Karina Beteta (FP) lamentó la mala defensa del Estado en los procesos de arbitrajes. Señaló a modo de ejemplo el caso de las empresas consorciadas de Odebrecht. 

Seguidamente, pidió al gobierno priorizar la atención de las deudas sociales que mantiene el Estado con los trabajadores y a EsSalud, y así garantizar la salud de los asegurados. 

“Qué queremos, cumplir con una empresa privada o resolver las grandes necesidades del país como agua y desagüe y otros servicios básicos”, añadió Beteta. 

La legisladora planteó como salida pagar ese laudo arbitral pero de manera fraccionada y respetando un cronograma, planteamiento que fue apoyado por algunos colegas. 

Similar opinión sostuvieron los parlamentarios Segundo Tapia, quien dejó en claro que su bancada apoya la inversión pública y privada, Jorge Castro (NoA), Marisa Glave (NP) y Gilmer Trujillo (FP), entre otros.

En tanto, la legisladora Mercedes Araoz (PPK) indicó que, tras señalar que el Perú tiene buena defensa legal, se trata de unos de los pocos casos en que el Perú pierde una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

“Se ha perdido menos de lo que se nos había demandado, como lo explicó el señor ministro de Economía”, añadió. 

            La propuesta en mención quedó en cuarto intermedio.

 LEY DE PRESUPUESTO 

            De otro lado, la Comisión aprobó un cronograma de actividades para analizar y dictaminar el proyecto de ley de Presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2019.

Esta discusión se iniciará el lunes 10 de setiembre con la presencia de ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, quien irá junto a los viceministros de Economía y de Hacienda. Se citará además a los titulares del Consejo Fiscal y del Ceplan.(ACV)

CENTRO DE NOTICIAS

PRENSA-CONGRESO   4-09-18

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