La Comisión de Educación, Juventud y Deporte que preside la congresista Milagros Salazar de la Torre (FP), aprobó el lunes 10 por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 2840 y 2800 que propone la ley que crea el Servicio Civil de Graduandos Secigra Agrario. 

Según la propuesta legislativa, la finalidad es apoyar las actividades en beneficio de los productores agrarios, y será el Ministerio de Agricultura el encargado de su implementación en coordinación con las universidades nacionales y particulares. 

Precisa que dicha actividad sería optativa o voluntario para los estudiantes universitarios. 

La propuesta indica entre los beneficios para el graduando, la homologación hasta por un año el servicio civil de graduando como el tiempo de prácticas pre profesionales que se requiere para obtener el bachillerato o título profesional, así como la obtención de puntaje adicional para calificar a becas, asistencia técnica o para estudios de perfeccionamiento. 

“El incremento de la producción y la competitividad del sector agrario implican la mejora de la capacidad del recurso humano que trabaja en el campo. El sector agrario, sobre todo las entidades y organismos del Estado competentes requieren de profesionales destacados”, manifestó la congresista Gladys Andrade Salguero (FP), autora del proyecto en mención.

En es misma línea de opinión los parlamentarios Milagros Salazar, y Carlos Domínguez Herrera (FP), Javier Velásquez Quesquén (PAP), también coincidieron en señalar que dicho proyecto tendría esencialmente naturaleza solidaria y cívica además de formativa, entre otros aspectos vinculados a la realidad agraria del país.

CONTENIDOS CURRICULARES

Posteriormente, este grupo de trabajo aprobó también por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 2086 y 3005 que propone la ley que declara de interés público y necesidad nacional la incorporación de contenidos curriculares en materia de defensa nacional, cultura y conciencia tributaria en la Educación Básica Regular.

Durante la discusión de la iniciativa, se dio a conocer que contribuirá a la formación integral de los estudiantes y permitirá desarrollar competencias y capacidades enmarcadas claramente en el currículum nacional, comprendiendo la distinción de participar activamente en el fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y desarrollo de nuestro país con valores cívicos, y democráticos entre otros aspectos.

Al término de la reunión, se aprobó por unanimidad un decreto de archivo recaídos en los proyectos de ley 3276 y 3611/2017 que proponía impedir el ingreso a instituciones educativas de personas condenadas por delitos de trata de personas, explotación sexual, homicidios, entre otros delitos que ya están contemplados en las normas y leyes vigentes. (FAA).

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PRENSA-CONGRESO   10-06-19

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