La próxima semana, el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana dará a conocer el informe de su labor realizada en la presente legislatura, ante la Comisión de Defensa Nacional.

En lo que se convierte  en su última reunión de convocatorias, este grupo que coordina el congresista Octavio Salazar (FP), convocó el martes 6 al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el viceministro de Seguridad Ciudadana del ministerio del Interior, Ricardo Valdez Cavassa; el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Abdul Miranda Mifflin; y el jefe del INEI, Víctor Sánchez Aguilar.

Cada uno de ellos, desde su sector, informó de la gestión realizada en los últimos seis meses. Duberlí Rodríguez, al usar de la palabra, expresó que “hablar de seguridad ciudadana es hablar del país, en el cual hay niveles de seguridad y de compromisos”.

En este punto, dijo que no es responsabilidad del Poder Judicial ni del Ministerio Público la seguridad ciudadana y el ente rector es el Ministerio del Interior, pero propuso que debería haber una policía especializada como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos y en Chile. Opinó que la Policía Nacional no tiene un destino definido, “hacen de todo”, es imprevisible y debería haber una policía especializada. El mundo marcha a la especialización, acotó.

Sostuvo que actualmente hay un divorcio entre Policía Nacional y Fiscalía y que esta debe tener a la PNP como brazo derecho, pero se trata de una política de Estado. Dijo que en la labor de seguridad ciudadana debe tenerse en cuenta experiencias como las de las rondas campesinas y las rondas urbanas en provincias, aunque algunas de ellas han acumulado denuncias hasta de secuestros. No le costaría nada al Estado.

Dijo luego, que el policía está mal pagado y sus bajos ingresos pueden ser un factor de corrupción. Asimismo, la importancia de rehabilitar a los jóvenes delincuentes con rehabilitación y educación con la participación de las municipalidades.

Otro de los puntos en los que incidió en su exposición fue en la necesidad de reducir el proceso judicial porque no hacerlo favorece la prescripción de los delitos, como el hurto. Dio a conocer que la implementación del nuevo Código Procesal Penal se inició en el 2006 en Huaura y que su implementación en Lima será en el 2018 y que hacerlo efectivo plenamente costará 1,500 millones de soles.

AVANCES EN SEGURIDAD

Por su parte el viceministro Valdez Cavassa informó que las metas al 20121 es reducir la percepción de inseguridad de un 98,2% a 75%, la victimización de 27 al 24%, y aumentar la confianza de la población en la policía del 36% al 45%.

Informó que el índice de victimización ha disminuido desde el 2011 al 2016, de 40% a un 28,8%, así como el porcentaje de reingreso a los penales de 30,5% a 26,3% en el mismo periodo.

Reveló que siete de cada diez mujeres en el país ha sufrido violencia física por parte de su pareja o esposo, y que la violencia urbana en contra de ellas es de 68.2%. Las regiones que registran mayores niveles de violencia son Apurímac, Puno, Cusco, Huancavelica, Arequipa, Pasco y Huánuco.

En lo que respecta a los megaoperativos de la PNP, se realizaron 63 en el último año en los que intervinieron 18 mil efectivos y 1308 fiscales. Se viene implementando el patrullaje integrado policía-serenazgo, así como los protocolos de intervención y cronogramas de trabajo. Para ello se cuenta con 2,853 vehículos.

Sobre los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 comentó el viceministro que se dispone de un sistema nacional articulado y fortalecido, e informó que se implementará espacios públicos como lugares de encuentro ciudadano y reducir los factores de riesgo social que propicien comportamientos delictivos, así como fortalecer a la PNP como una institución moderna.

La seguridad ciudadana de Lima Metropolitana, según el funcionario de la municipalidad, se realiza con 43 unidades de serenazgo a través de cinco líneas de acción.

Miranda Mifflin dijo que en el presente año se está trabajando en un mapa del delito con diez comisarías y se ha reformulado el mapa de riesgo de la delincuencia urbana a través de patrullajes municipales por sectores en 43 distritos de la capital.

En los años 2015-16 se realizaron 10,030 patrullajes integrados entre la policía y el serenazgo, y se ha previsto llegar a fin de año a cuatro mil intervenciones.

Por último, el jefe del INEI dijo que el principal problema del país para la población, según los últimos indicadores que ha trabajado el Instituto en el presente año, es la corrupción y en segundo lugar la delincuencia. Un 19% de la población opinó que ha declinado la falta de seguridad en Lima y solo 1/5 de la ciudadanía tiene confianza en la policía nacional. (O/M/C).

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