Acuerdo de la Comisión Especial de Monitoreo del Minedu y otros organismos

Convocarán de grado o fuerza a funcionarios que no acudan a citaciones

Centro de Noticias del Congreso

06 Nov 2023 | 15:05 h

Las autoridades universitarias, funcionarios y trabajadores del sector público que no cumplan con asistir a las convocatorias que se les hizo en forma reiterada, serán pasibles de ser conducidos de grado o fuerza y del allanamiento de sus domicilios o locales donde se encuentre la documentación requerida por la comisión investigadora.

Así lo aprobó hoy, en forma unánime, la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, Sunedu, Sineace, Concytec y demás adscritos al sector Educación, que preside el congresista Esdras Medina Minaya (UDP).

Se trata de los apremios aprobados en los que se señalan, además, que la comparecencia ante la comisión investigadora también comprende a cualquier persona vinculada al asunto de interés público que es objeto de indagación.

Se informó que el incumplimiento a la citación en forma reiterada por parte del citado, podrá cambiar su condición de compareciente por la de investigado, si existe la valoración objetiva sobre indicios o hechos de presunta responsabilidad política, administrativa, civil, penal o de cualquier naturaleza.

Además, como resultado de la investigación, la comisión puede acordar la presentación de una denuncia constitucional o en el fuero judicial y, teniendo indicios de la posible salida del país de los investigados, solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida por una sola vez y por no más de quince días, puesto que la finalidad es que se preste la declaración respectiva o se entregue la documentación necesaria para la investigación.

En esa línea, la utilización del apremio en caso de inconcurrencia o negativa a entregar los documentos solicitados, otorga a la comisión investigadora la prerrogativa de solicitar ante el órgano jurisdiccional que el requerido sea conducido por la fuerza pública o se incauten los documentos solicitados, con apoyo de la fuerza pública.

LOS PLAZOS

De otro lado, la comisión también aprobó de manera unánime otorgar un plazo de tres días hábiles a las entidades públicas o privadas para que tengan la posibilidad de alcanzar la información que les fuera solicitada y un adicional de dos días, en caso se requiera.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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