En el marco de la estrategia de control a organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores 2020, la Contraloría General de la República tiene previsto efectuar 64 acciones, según lo expresado por su máximo funcionario, Nelson Shack Yalta, ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside José Luna Morales (PP).

Esto forma parte de un operativo establecido para el último cuatrimestre del año, indicó Shack, pues su representada ya tiene la capacidad operativa para “entrar poco a poco a mirar no solo la contratación de insumos, en una cadena de valor que están relacionados al control de las operaciones”, sino “observar cuáles son los resultados de la gestión”, que es lo que genera más valor al ciudadano”.

La presencia de Shack Yalta, así como también la del titular de Osiptel, Rafael Muente Schawrz, se efectuó en virtud de la Moción 11072, con la cual se facultó a la comisión a investigar, hasta por 180 días hábiles a todos estos organismos para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales de sus funcionarios, y proponer reformas normativas e institucionales.

“El sistema de los organismos reguladores no ha sido una prioridad para el sistema de control”, señaló el contralor, “hasta ahora, en que producto de la pandemia, todos hemos visto la enorme necesidad de que más allá de que se ejecuten recursos públicos, haya un mejor control sobre cómo vienen cumpliendo sus funciones (estos organismos)”.

“El objetivo principal (del operativo) es promover que los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores garanticen la eficiente y oportuna prestación de los servicios al público, gestión de clientes y reclamos y ejecución de recursos asignados, cumpliendo con las disposiciones legales y normativa interna”, manifestó.

“Nuestra responsabilidad es ver qué están haciendo las reguladoras”, explicó. “Como Contraloría no podemos saber qué ocurre en el sector privado. Pero esa es una tarea de los reguladores”. De allí, las acciones de control y controles simultáneos que se efectúan para ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo.

Se informó que la entidad que dirige ha emitido en los últimos cinco años 640 informes de control; 16 de ellos en
lo que va del 2020.

La participación de los congresistas José Ancalle Gutiérrez (FA) y Rubén Ramos Zapana (UPP) se centraron en algunos hechos puntuales en sus regiones, Arequipa y Puno, respectivamente.

Telecomunicaciones

El presidente del Consejo Ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Rafael Muente Schwarz, insistió en que el rol de los organismos reguladores es promover la competencia y el desarrollo del mercado, por tanto, efectuó una extensa exposición que no satisfizo a ninguno de los miembros de la comisión.

Muente Schwarz sustentó su exposición a la lógica del modelo económico, basado en la interdependencia y el mutuo beneficio. Y esto “es lo que ha funcionado en el Perú”, indicó. Por ello, sostuvo que la función de su representada es “suministrar un marco regulatorio para promover nuevas inversiones, ingreso de nuevos operadores, esto es, la competencia”.

Informó que Osiptel tiene tres etapas muy definidas. Uno, supervisión del monopolio privado (1994-2001); dos, competencia (2002-2017); tres, el usuario (2018-2020). Informó sobre los logros obtenidos, sobre todo en la segunda etapa, y en cuanto a la tercera etapa, informó que existe casi dos millones de reclamos en lo que va del año, una cifra que reconoció excesiva.

Resaltó algunas de las acciones: prohibición de suspensión de servicios por falta de pago durante el estado de emergencia; prohibición de suspensión de servicios por falta de pago (criticas iniciales de las empresa y afines); negativa a la renovación de contratos de concesión con Telefónica; intervención por el aumento de tarifas de internet fijo en febrero 2020; intervención por venta ambulatoria, que es combatida y se sigue realizando.

La congresista Zenaida Solís Gutiérrez (PM) se sintió contrariada por el hecho de que el funcionario de Osiptel les diga que todo “va de maravilla” y que el modelo funciona. “Estas empresas no nos tratan bien. Los usuarios sufrimos por las empresas de telecomunicaciones. Tenemos un pésimo servicio”.

“Quien dirige la entidad que debe proteger a los usuarios, no cumple su función”, enfatizó. “En su exposición ha tenido muy poco tiempo para decir que hay un millón de usuarios. Son casi dos millones de reclamos y no nos ha dicho cuántos reclamos han sido resueltos”.

José Ancalle Gutiérrez (FA) manifestó que nunca ha encontrado respuestas para los ciudadanos. “No coincidimos en sus conclusiones. Esos reclamos son recurrentes”, advirtió.

Robertina Santillana Paredes (APP), quien reemplazó a Luna Morales en la conducción de la sesión, coincidió con Solís Gutiérrez y expuso la situación real que se vive en las provincias, en donde el internet se va o se corta constantemente, lo que significa un pésimo servicio de las operadoras.

“Las multas no resuelven los problemas”, respondió Muente Schawrz. Expresó que la pérdida de usuarios de una operadora es una buena respuesta para que dicha operadora se esmere en el servicio.

En cuanto a los reclamos, expresó su compromiso a resolver los 49 mil expedientes generados en los últimos tres años al 31 de diciembre del presente año. Sin embargo, también solicitó a los señores parlamentarios apoyo, más armas legales, y más presupuesto para mejorar sus “moderados avances”.

PRENSA-CONGRESO