Integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos plantearon un mayor debate de la propuesta que prohíbe el matrimonio precoz y forzado de adolescentes, la misma que recoge iniciativas de la congresista Arlette Contreras Bautista (NA) y del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, se acordó invitar a la ministra de la Mujer y a representantes de distintas instituciones para la próxima sesión.

Así coincidieron los congresistas, entre otros, Martha Chávez Cossío (FP), Rocío Silva Santisteban y, Alberto De Belaunde (PM) a fin de reflexionar con mayor amplitud sobre el referido dictamen.

El común denominador de los dos proyectos que conforman el dictamen es la protección de los menores y su libre desarrollo para permitir el ejercicio de sus derechos humanos, con lo cual se requiere la modificación del Código Civil y del Código de los Niños y Adolescentes.

La presidenta de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP), señaló que se considera adolescente a las personas entre 12 y 18 años y que, de acuerdo con estadísticas oficiales, 866 adolescentes mujeres declararon estar casadas, el 1 % con 14 años de edad. En un porcentaje menor el de varones.

Indicó que este tipo de hechos tiene como consecuencias negativas la perpetuación de la pobreza, porque no se incrementa el patrimonio, generación de deserción escolar, maternidad temprana, conflicto de parejas y violencia de género.

Consideró que el matrimonio de adolescentes constituye un problema social, económico y, sobre todo, de salud pública.

Con ello, quedó planteado, con la propuesta legal, que el matrimonio sería libre a partir de los 18 años.
La congresista Chávez Cossío consideró que el proyecto tiene varias aristas y preguntó si el problema es el matrimonio o la temprana iniciación de las relaciones sexuales de los jóvenes.

En ese sentido, preguntó si la propuesta está enfilada a no casarse y sostuvo que esta tiene una vinculación con las posiciones de proaborto. Por esa razón, planteó un mayor análisis y que se pida información a instituciones que tengan que ver con el tema de familia en el Perú y a las iglesias.

La congresista Silva Santisteban descartó que exista una vinculación con una promoción proaborto, a través del colectivo Ni Una Menos, a la que pertenece la autora.
La legisladora se manifestó de acuerdo con el dictamen, pero coincidió en la necesidad de un mayor debate en la comisión.

El congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) dijo no estar de acuerdo con la prohibición del matrimonio de adolescentes, si se tiene en cuenta que hay legislación de proteger a la mujer frente a la violencia. “No se saca nada con prohibiciones”, expresó, al tiempo de pronunciarse por la reducción de 18 a 16 años el ejercicio del matrimonio.

Representante de la Defensoría

De otro lado, durante la sesión virtual, también se escuchó la opinión institucional de la Defensoría del Pueblo, a través del invitado Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, quien dijo que existe legislación sobre aumento de penas a diferentes delitos y que hay restricciones en la aplicación de beneficios penales.

Fue en torno al planteamiento de la aplicación de la cadena perpetua como sanción penal frente a la comisión de los ilícitos penales descritos en los proyectos de ley N.° 5134, de autoría del legislador Otto Guibovich Arteaga (AP), y del N° 5744/2020-CR, de autoría de la congresista Jesús del Carmen Núñez Marreros (Frepap), sobre aumentar las penas a cadena perpetua para los delitos de violación y homicidio.

El primero propone la cadena perpetua e inhabilitación para altos funcionarios públicos que cometen delitos de corrupción mientras se desempeña en alta función pública, desde el presidente de la república hasta los titulares y miembros de los organismos reguladores.

Castillo Torres consideró agregar nuevos agravantes, por la existencia de normas en el sistema penal, con lo cual no se hace necesario nuevas leyes en ese objetivo, porque ya existen sanciones que tiene un propio desarrollo en el Código Penal.

En otro momento, fueron escuchadas las opiniones de representantes del Colegio de Martilleros Públicos del Perú sobre la propuesta N.° 5482, de autoría de la congresista María Gallardo Becerra (PP), que modifica la Ley N° 27728, Ley del Martillero Público.

La propuesta plantea el uso de tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, de manera virtual o remota.

En ese sentido, se hicieron presentes Carina Georgina Vargas Malqui, presidenta de esa institución y su vicepresidente José Carlos Meléndez León, quienes dijeron que en las plataformas virtuales ya se vienen usando sin problemas.

De igual manera, fue invitado el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miguel Ángel Rivera Gamboa, en representación del Poder Judicial, quien sostuvo que existe preocupación, porque su contenido significaría un retroceso en el proceso de modernización del procedimiento de justicia.

En ese marco, dijo que se han desarrollado una serie de herramientas electrónicas para acelerar el proceso de adjudicaciones judiciales.

Dijo que la propuesta entrega el proceso de remate a los martilleros y olvida que el remate electrónico no requiere de ninguna intervención humana para evitar cualquier tipo de riesgo.

PRENSA-CONGRESO