La Comisión de Energía y Minas, presidida por el legislador Jorge Flores Ancachi (AP) continúa la evaluación y debate respecto al dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 2139/2021-CR, 3662/2022-CR, 4565/2022-PE y 4748/2022-CR.

Dicha iniciativa  propone, con texto sustitutorio, la ley que modifica la Ley 28832, (Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promueve  la diversificación de la matriz energética).

Flores Ancachi explicó que el dictamen resumido por la secretaria técnica de la comisión que preside, ha realizado 8 reuniones inminentemente técnicas, que contó con la participación de las diversas instituciones involucradas con el manejo, regulación  y uso de la energía.

Debemos legislar para las personas que nos eligieron y no para los que nos sacan en primeras planas, sostuvo al tiempo de presentar los objetivos de la controvertida iniciativa.

La iniciativa pretende modificar y regular aspectos concernientes a la producción de energía eléctrica desde una perspectiva direccionada al uso de fuentes no convencionales o alternativas, diferentes al combustible como son los Recursos Energéticos Renovables (RER).

Se busca promover el uso de recursos renovables que permitan cumplir con los objetivos planteados por el Estado, en favor de ejecutar las obligaciones adquiridas al momento de suscribir el Acuerdo de París (2015) en calidad de parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La propuesta promueve  la transformación del método de producción utilizado para generar energía eléctrica, mediante un cambio en la inversión de recursos que contaminan por recursos renovables, con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero con planes a futuro  para llegar a mitigar la emisión de dichos gases y contrarrestar los efectos del cambio climático.

Flores Ancachi dio cuenta de la posición del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que mediante  su directora, Lorena Masías Quiroga, advirtió que un cambio súbito en el marco regulatorio, que conlleve a una afectación a la capacidad económica de las empresas distribuidoras eléctricas, limitaría su capacidad operativa y ejecución de inversiones, que a su vez, tendría impacto directo en la cobertura , seguridad y calidad del servicio eléctrico que finalmente perjudicaría a la población y el desarrollo económico de las regiones.

Flores Ancachi sostuvo ante ello que el Parlamento interviene ante una dejadez del Poder Ejecutivo y ante la necesidad de resolver los problemas de la configuración del sistema eléctrico peruano, que tiene limitada la participación en las licitaciones de las empresas generadoras de energías limpias y renovables.

El legislador Eduardo Salhuana (APP) sostuvo que el fondo del asunto es el costo en la generación de energía. De un recibo de luz  que llega al usuario más del 50% es debido al costo en la generación de energía, hidráulica, térmica, o energías renovables; impactará directamente en el costo.

Este proyecto ha generado debate intenso dentro y fuera (Del Congreso). Por su gravitación en aspectos centrales de producción, transporte; hay que adaptarse a las nuevas posibilidades para favorecer a  los usuarios.  La propuesta del Poder Ejecutivo, que  se ha incorporado en varios elementos han generan más discusión.

Para el legislador Jorge Morante, de Fuerza Popular, la observación está  en el tema de contratos. Pretender que determinados contratos ingresen es grave, viola el derecho de los contratos ya existentes. Los costos de energías renovables son muy altos, comparativamente a la generación de gas y energía hidroeléctrica. Pensar que reducirá costos no es cierto,  quizás a futuro.

Preocupa el tema de contratos que  privilegiará a un determinado tipo de energía. Romper  otros contratos suscritos con anticipación. Las proyecciones vinculantes a 10 o 15 años, generará más de un problema. En términos reales, producimos más energía de la que necesitamos, comentó.

Diego Bazán, de Avanza País, sostuvo que durante las reuniones de trabajo llevadas a lo largo de los meses, de enero a marzo, pudo observar más puntos de disenso que de consenso. Existen dudas, respecto a la implicancia del sector privado. Podrían generar impacto en los términos reales. La energía es un  servicio fundamental, hay muchas discrepancias y dudas.

OFICINA DE COMUNICACIONES