Destacados constitucionalistas analizaron los principales desafíos jurídicos que plantea la puesta en marcha de la bicameralidad, durante un conversatorio impulsado por la Presidencia de la Cámara de Diputados para contribuir al análisis y adecuado funcionamiento del nuevo procedimiento legislativo.

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga, Francisco Eguiguren y Pedro Grández Castro expusieron sus posiciones sobre la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, los alcances de la función revisora de la cámara alta y las dificultades que podrían surgir durante la aplicación práctica de las nuevas reglas parlamentarias.

Uno de los temas centrales fue determinar hasta dónde puede llegar el Senado al aprobar, rechazar o modificar una propuesta legislativa proveniente de la Cámara de Diputados, teniendo como límite no desnaturalizar su contenido.

FACULTADES DELEGADAS

Aníbal Quiroga señaló que las diferencias de interpretación surgidas en esta nueva etapa forman parte del proceso de adecuación al sistema bicameral y destacó la importancia de generar espacios académicos y jurídicos que permitan discutir las distintas posiciones.

Respecto de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, sostuvo que su otorgamiento constituye una potestad del Congreso y no una obligación. En consecuencia, corresponde al Parlamento evaluar si las concede total o parcialmente y determinar las materias y el plazo de la delegación.

Asimismo, sostuvo que la delegación legislativa constituye un mecanismo excepcional y que las modificaciones introducidas durante la revisión del Senado no deberían transformar la naturaleza de aquello que fue aprobado por Diputados.

DIÁLOGO ENTRE AMBAS CÁMARAS

Francisco Eguiguren puso énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre Diputados y Senadores durante el proceso de formación de las leyes.
El constitucionalista señaló que uno de los aspectos que deberá evaluarse es la falta de un mecanismo específico de armonización frente a eventuales diferencias entre las decisiones adoptadas por ambas cámaras.

Consideró que la práctica parlamentaria permitirá identificar vacíos, contradicciones y dificultades que podrían requerir ajustes normativos y resaltó que el objetivo de la bicameralidad debe ser elevar la calidad técnica y política de las leyes mediante una mayor deliberación y búsqueda de consensos.

LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN

Por su parte, Pedro Grández Castro advirtió que las controversias presentadas en esta primera etapa podrían no ser las únicas y señaló que existen aspectos constitucionales y reglamentarios que deberán ser examinados conforme avance el funcionamiento del sistema.

Sostuvo que algunas dificultades pueden solucionarse mediante la interpretación jurídica, pero precisó que esta también tiene límites y no puede utilizarse para sustituir aquello que una norma no establece.

En ese contexto, planteó la posibilidad de recurrir, frente a determinados vacíos, a mecanismos de integración y construcción jurídica dentro del ordenamiento constitucional.

Los tres especialistas coincidieron en destacar la importancia del diálogo, el respeto de las competencias de cada cámara y la búsqueda de consensos para afrontar las diferencias que puedan surgir durante la consolidación del nuevo sistema bicameral.

El conversatorio permitió así colocar en debate los principales desafíos jurídicos de esta nueva etapa parlamentaria y aportar elementos de análisis orientados a fortalecer la calidad del procedimiento legislativo y de las leyes.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL