Constitución aprueba otorgar al Ejecutivo facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y financiera

Centro de Noticias del Congreso

17 Dic 2021 | 10:30 h

La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Patricia Juárez Gallegos (FP), aprobó, esta noche por mayoría, delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, por un plazo de 120 días calendario.

La votación fue así: trece votos a favor (seis con reservas respecto al tema tributario), un voto en contra y dos abstenciones.

La finalidad de esta delegación de facultades legislativas es para fortalecer la labor del Poder Ejecutivo en materia de gestión económica y tributaria, así como en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, para combatir el cierre de brechas sociales para el acceso a los programas y servicios públicos que brinda el Estado.

El dictamen se basa en el Proyecto de Ley 583/2021-PE, presentado el 27 de octubre último.

Patricia Juárez Gallegos sostuvo que la delegación de facultades legislativas se otorga mediante una ley, a pedido del Poder Ejecutivo y tiene carácter excepcional. “Por lo tanto, la delegación se da en función de las materias que consideramos constitucionalmente viables de otorgar”, indicó.

Durante el debate, diversos congresistas plantearon que la mejor forma de elevar impuestos y obtener mayores rentas es que el Ejecutivo elabore y proponga proyectos de ley. También, pidieron que se retire de la propuesta legal -que será debatida y votada en el Pleno- todo lo referente a la creación de nuevos impuestos.

El criterio fue planteado por los congresistas Luis Aragón Carreño (AP), José Jerí Oré (SP) y Wilson Soto Palacios (AP), quien también consideró que no es oportuno imponer más impuestos. A su vez, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) planteó fijarle un plazo al Poder Ejecutivo para que remita al Congreso el proyecto de ley con la finalidad de mejorar el proceso de contrataciones del Estado.

Por su parte, el parlamentario Jaime Quito Sarmiento (PL) defendió la intención del Ejecutivo para perfeccionar el régimen fiscal minero y así obtener una mayor recaudación y cerrar las brechas sociales de las poblaciones.

A su turno, el congresista Jesús Reymundo Mercado (JP) manifestó que el predictamen no recoge las expectativas que tiene el Gobierno y consideró necesario continuar con el análisis para incluir algunas propuestas del Ejecutivo que no han sido recogidas.

En el momento de emitir su voto, el parlamentario José Balcázar Zelada (PL) informó que presentaría un dictamen en minoría que incluya los puntos no considerados del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

También, participaron en el debate Jorge Morante Figari (FP), Alejandro Cavero Alva (Avanza País), Carlos Anderson Ramírez (PP), Guido Bellido Ugarte (PL), Isabel Cortez Aguirre (JP), Víctor Cutipa Ccama (PL), Alex Paredes Gonzales (PL), Martha Moyano Delgado (FP) y Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País).

De acuerdo al dictamen aprobado, en materia tributaria, se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar para «modificar la Ley del Impuesto a la Renta y demás normas que regulen el mismo. Se podrá uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los convenios de estabilidad jurídica regulados por los decretos legislativos 662 y 757, sin que ello implique aumento de la tasa aplicable de 2 puntos porcentuales adicionales al impuesto a la renta que actualmente se aplica a empresas del sector minero”.

En materia financiera, el Gobierno podrá dictar “medidas específicas para el fortalecimiento del Banco de la Nación con la finalidad de garantizar su solvencia patrimonial a largo plazo, así como a través de la modernización de sus instrumentos de gestión de recursos humanos, logísticos y tecnológicos”.

En su única disposición complementaria final del dictamen se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas informará periódicamente, tanto a la Comisión de Economía como a la Comisión de Constitución, “de los avances logrados con relación al cierre de brechas sociales que se financiaron con cargo a los recursos provenientes de la mayor recaudación tributaria lograda con la emisión de los decretos legislativos”.

OFICINA DE COMUNICACIONES

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