El Consejo Directivo del Parlamento, con la conducción del presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, aprobó este mediodía el ingreso de 47 dictámenes y dos mociones a la Orden del Día del Pleno.

Entre esas propuestas está el dictamen de los proyectos de ley 758 (actualizado), 968 (actualizado), 4127 y 4370, que propone regular las escuelas superiores de formación artística y la carrera pública de sus docentes, y dictar otras disposiciones; y el dictamen del PL 1026 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y protección de los bosques secos del país.

También el dictamen del PL 3146 que propone declarar de interés nacional la promoción y el empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida; del PL que propone promover el acceso de los pequeños productores agrícolas al soporte de investigación a fin de fomentar y fortalecer la exportación de sus productos.

Además, el dictamen del PL 4444 que plantea modificar el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de prohibir el ingreso de niños y adolescentes a centros de acogida residencial sin acreditación vigente; el dictamen de los proyectos de ley 3914 y 3963 que propone modificar la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, con la finalidad de ampliar la autorización legal para operar talleres de mantenimiento aeronáutico.

De igual forma, el dictamen de los PL 3725 y 4636 que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, a fin de incorporar la revisión de oficio de la prisión preventiva; y del PL 3752 que propone modificar la Ley 27336, Ley de desarrollo de las funciones y facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), para fortalecer las facultades de decomiso de bienes vinculados a la infracción administrativa y dictar otras medidas.

Así mismo, fueron incluidos a la agenda los dictámenes de los proyectos de ley 1837 y 6065, que propone declarar de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur – UNATSUR en el departamento de Ayacucho, y del PL 4629 que propone modificar el Decreto Ley 25884, por el que autorizan la transferencia de inmuebles de los ministerios de Economía y Finanzas y de Educación, al Ministerio de la Presidencia para ser asignados al Poder Judicial y al Ministerio Público, a fin de reducir brechas en infraestructura inmobiliaria, entre otros.

PIDEN FACULTADES PARA INVETIGAR

El Consejo Directivo también aprobó que dos mociones ingresen a la agenda del Pleno del Congreso.

La primera es la Moción 8919, que propone que el Pleno del Congreso otorgue a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología facultades de comisión investigadora para indagar, por un plazo de 120 días hábiles, la implementación de la Ley 29904 —Ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica— la gestión y la operatividad de la red social, sus límites de operatividad y causalidades de su ineficacia. Asimismo, determinar responsabilidades políticas, civiles, penales y administrativas de los que resulten responsables.

La otra es la moción nro. 9221, que propone que el Pleno del Congreso otorgue a la Comisión de Fiscalización y Contraloría facultades de comisión investigadora para indagar las presuntas comisiones de ilícitos en los que podría haber incurrido Nixon Henry Hoyos Gallardo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nanchoc del departamento de Cajamarca, funcionarios del Estado y otras personas vinculadas, en el contexto de las reuniones sostenidas con el señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de la República.

Según el documento, en esas reuniones “habrían acordado presuntos favorecimientos relacionados a asignaciones presupuestales para determinadas obras públicas, contrataciones con el Estado; asimismo, en relación a las presuntas actuaciones ilegales para impulsar la inscripción de un partido político asociado a la familia presidencial”.

La Comisión de Fiscalización tendría un plazo de investigación de 180 días hábiles.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL