Con el fin de escuchar sus demandas y resolver sus inquietudes, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto y legisladores de diversas bancadas, recibieron a una delegación de más de 20 alcaldes de distintas regiones del país, que forman parte de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe).

Una de esas preocupaciones es el dictamen que propone la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia 086-2021 y 100-2021, que establecen medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la reactivación económica y la emergencia sanitaria.

En la cita, tanto la presidenta de la Congreso, Maricarmen Alva Prieto como la titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, precisaron que esa propuesta, que deberá ingresar a la agenda del Pleno, no impedirá la transferencia de partidas para los gobiernos locales, por lo que podrán ejecutar los proyectos de desarrollo a favor de sus pueblos.

“Confíen en su Congreso. Tenemos que trabajar de la mano con ustedes y por eso les abrimos las puertas del diálogo”, dijo Alva Prieto, al tiempo de precisar que es obligación del Parlamento revisar los decretos de urgencia que dicta el Poder Ejecutivo.

Seguidamente, lamentó que el Poder Ejecutivo haya saltado las competencias del Congreso al dictar decretos de urgencia para transferir recursos cuando pudo hacerlo a través de créditos suplementarios, es decir, vía proyectos de ley.

“Cómo no vamos a querer destinar los recursos para hacer obras en beneficio de la población. Nosotros estamos acá para ayudarlos”, insistió Alva Prieto.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento precisó que los referidos decretos de urgencia no tienen las características de excepcionalidad, de necesidad y de impredecibilidad.

“Se puede dar en situaciones de un gran terremoto o una situación de catástrofe”, precisó.

Sin embargo, indicó, que con la finalidad de evitar que se genere alguna situación que pueda perjudicar alguna obra ya comprometida, licitada o realizada, el dictamen establece que “se declara la inconstitucionalidad sin perjuicio de lo ejecutado, de lo comprometido, de las transferencias de partidas que se vayan a realizar hasta su total cumplimiento”.

“Es decir, no se está afectando un solo centavo de lo transferido a las municipalidades”, sostuvo Juárez Gallegos, al tiempo de señalar que sería insensato que el Congreso de la República no esté a favor de que las municipalidades puedan cumplir con su cometido de hacer obras para sus ciudadanos y darle a los niños la calidad de vida que necesitan.

Previamente, intervino el alcalde de Cajamarca, Víctor Andrés Villar Narro, presidente de Remurpe, quien expresó su preocupación por la derogatoria de esos decretos de urgencia que establecen medidas extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la reactivación económica y la emergencia sanitaria.

Hicieron lo propio el alcalde de Azángaro, en Puno, Flavio Jesús Mamani Hanco, quien dijo que los afectados serían más de 360 gobiernos locales si es que se dejan sin efecto las transferencias presupuestales; y la alcaldesa del distrito Ocoña, en Arequipa, Marilú Gonzales, quien señaló que sin los recursos necesarios “las obras se van a quedar como elefantes blancos».

La reunión que se llevó a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea contó con la participación de los parlamentarios Karol Paredes (AP), Silvia Monteza (AP) y Wilmar Elera (SP), quienes reafirmaron su disposición de trabajar a favor de todos los pueblos del país.

OFICINA DE COMUNICACIONES