El Pleno del Congreso de la República aprobó, por unanimidad una moción multipartidaria en la cual expresa su malestar contra el comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el cual defiende el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón, como directora de la Oficina de Enlace de esa entidad.

Se precisa que esta entidad no ha merituado que tal acto de designación pone en grave riesgo el curso regular de las investigaciones judiciales y parlamentarias que se siguen en Perú, que incluyen delitos de corrupción en contra la ex primera dama.

Por tal motivo, exhorta a la FAO a que deje sin efecto el nombramiento de Nadine Heredia Alarcón en el alto cargo señalado. Anota que el Congreso de la República es respetuoso de la autonomía de los organismos internacionales. No obstante, conforme a sus atribuciones plasmadas en su Reglamento, es competente para pronunciarse sobre los asuntos de importancia nacional.

Se determinó  que la moción será transmitida al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al secretario general de las Naciones Unidas.

La Representación Nacional aprobó la moción con 118 votos. Fue en la sesión matinal que se realizó en el hemiciclo del Parlamento, en la cual los parlamentarios de las diferentes bancadas expresaron su condena a la forma cómo Nadine Heredia salió del país para eludir los procesos judiciales.

Es una procesada

El presidente de la comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Becerril (FP), manifestó al pedir la palabra, su contrariedad por la actitud de Heredia porque prácticamente ha sido una fuga, afirmó.

 Señaló que no podía ser posible que a una persona que está siendo procesada por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir y otros nueve delitos más, se le nombre en un alto cargo en una institución como la FAO. Exigió que se rectifique, que Nadine Heredia regrese al país para ser procesada y que se investigue al juez Juárez Atoche, quien sabía de la salida del país de la esposa de Ollanta Humala.   

Yonhy Lescano (AP), uno de los autores de la moción, consideró que lo determinado por la FAO era una interferencia al proceso judicial que se le está siguiendo a Heredia. “Es un atropello al Perú por parte de esa organización internacional. Creo que también debe investigarse el comportamiento de determinados magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público”, expresó.

Percy Alcalá (FP) señaló que se deberían adoptar medidas para que la corrupción termine en el país. Recordó que Nadine Heredia, quien afirmaba que “tan difícil es caminar derecho”, ahora rectifique su actitud y se a ponga a derecho.

Investigación de Destino

Karla Schaefer (FP) destacó que la FAO es una institución digna que no podía dar cobijo a personas corruptas. Recordó que Heredia fue la que nombró al embajador del Perú en Suiza. Pidió a las autoridades investigar en dónde está alojada Nadine Heredia en Ginebra. Edgard Ochoa (FA) dijo que era evidente que Nadine Heredia salió del país apoyada por una organización internacional, mientras que Roberto Vieira (No A) remarcó que la FAO es una institución que lucha por la alimentación y contra el hambre y no para apoyar a personas que han participado en un gobierno que ha incrementado los índices de desnutrición y anemia.

Carlos Bruce (PPK) consideró que había sido una salida clandestina “que tiene olor a fuga” y Edwin Donayre (APP) estimó que lo expresado anteriormente por Nadine Heredia y lo actuado linda con la mentira, la hipocresía y el cinismo.

Reordenamiento jurídico

De otro lado, el Pleno aprobó por 118 votos, cero en contra y una abstención la moción que propone la conformación de una Comisión Especial Multipartidaria que se encargará del ordenamiento legislativo y establecer los lineamientos matrices del orden jurídico nacional.

Pedro Olaechea (PPK) señaló que era urgente la conformación de la comisión porque hay una frondosa normatividad que ocasiona dificultades en perjuicio del pueblo. “Buscaremos simplificar el ordenamiento jurídico nacional con cargo a dar cuenta al Pleno”, afirmó.

Detalló que se realizará un inventario de todas las normas, alrededor de 600 mil, lo que significa que se realizará un arduo trabajo “que lo cumpliremos porque somos conscientes de que el país debe lograr su desarrollo”.

La Comisión Especial estará integrada por los congresistas Pedro Olaechea (PPK), Úrsula Letona (FP), Mauricio Mulder (CPA), Víctor García Belaunde (AP), Horacio Zeballos (FA), Alberto de Belaunde (PPK) y Richard Acuña (APP).

 TRABAJADORES DE EsSALUD AL 278

            Poco después, el  Pleno del Congreso aprobó la norma por la cual 11,917 trabajadores, entre personal profesional, no profesional, asistencial, técnicos  y administrativo de EsSalud que se encuentran bajo el régimen CAS, serán incorporados al régimen laboral del DL 728.

La alta votación alcanzada (98) fue ejemplo de la posición de los congresistas de todas las bancadas, quienes respaldaron la iniciativa. Sin embargo, la opinión de la bancada oficialista fue que la propuesta tenía visos de inconstitucionalidad, por lo que la congresista Mercedes Aráoz propuso como cuestión previa que el proyecto se envíe a las comisiones de Trabajo y de Constitución para un mayor estudio.

En el debate, la congresista Marisol Espinoza (APP) comentó que esta norma – que estaba orientada solo a los trabajadores de EsSalud- era un gran paso hacia la igualdad de derechos de los trabajadores y anunció que su bancada apoyaría la propuesta.

Igual opinión tuvo la congresista Karina Beteta (FP). Dijo que era oportuna su aprobación y una forma de hacer justicia a miles de “trabajadores explotados”. Rechazó las insinuaciones de que el proyecto “tuviera nombre propio”.

Del mismo modo, los congresistas del Frente Amplio, Filiberto Curro y Marco Arana, apoyaron la propuesta y opinaron que mejor sería que desaparezca el régimen CAS. Arana opinò que era ilegal que se haya permitido la aplicación del régimen CAS por muchos años a los trabajadores de EsSalud.

A su vez, Yonhy Lescano opinó que el principal problema de EsSalud era el servicio que prestaba a los afiliados; mientras que Rolando Reátegui dijo que le parecía extraño que el Poder Ejecutivo no haya pedido, dentro de las facultades legislativas al Congreso, la reforma del sistema de salud del país.

Con algunas modificaciones en su texto, propuestas por el congresista Javier Velásquez Quesquén, la presidencia de la mesa directiva –a cargo de la titular del Congreso, Luz Salgado, puso al voto el texto. Obtuvo 98 votos a favor y 15 abstenciones, y fue exonerada de segunda votación.

La norma aprobada precisa en su disposición final que la implementación al nuevo régimen no demandará recursos al tesoro público ni afectará el gasto e inversión en material, infraestructura y demás elementos necesarios para la prestación de los servicios.

PRENSA CONGRESO