El Pleno del Congreso decidió, con 110 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, no aprobar la propuesta de ley que plantea someter a consideración del Poder Legislativo la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

La decisión se tomó después de escuchar la exposición del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Segundo Héctor Acuña Peralta (APP), quien recomendaba la no aprobación del proyecto de ley en mención.

Acuña Peralta hizo notar que la decisión del Parlamento no es diferente a la de años anteriores, por lo que se hace necesario una reforma de las leyes de las cuentas generales de la República, para que respondan los requerimientos de las acciones de control, fiscalización y planeamiento gubernamental.

Planteó la creación de una entidad denominada Contaduría General de la República, con autonomía y no dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, la aplicación de sanciones a entidades que no rindan su informe económico, y que la Contraloría esté inmersa en el proceso de las sanciones.

“Con ello se permitiría obtener una Cuenta General de la República con resultados transparentes, más sólidos y ordenados, y se le dará valor al documento para la toma de decisiones”, comentó.

El parlamentario hizo hincapié en que la auditoría realizada por el grupo de trabajo legislativo a su cargo correspondió a la gestión de tres presidentes de la República en el 2020.

Aclaró que la aprobación de la Cuenta General de la República no implica la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos de las autoridades de las entidades de sector público, quienes son objeto de acciones de control pasibles de sanción.

Explicó que la referida Cuenta General de la República es una rendición de cuentas anual sobre los resultados financieros, económicos y patrimoniales de la gestión, cuyos objetivos, entre otros, es proporcionar información para el planeamiento y la toma de decisiones, facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública.

Dijo que en ese sentido el Poder Ejecutivo cumplió con los plazos para la presentación del documento, acompañado del informe de la Contraloría, tal como lo establece la Constitución.

Indicó que el universo de entidades públicas en el 2020 fue de 2409, de las cuales 158 corresponden al Gobierno nacional, 32 a gobiernos regionales, 2057 a gobiernos locales, 157 a empresas públicas y cinco de otro tipo de organización. Empero, 102 beneficencias públicas no fueron incorporadas, porque la ley no lo exige, lo que constituye un problema para el Gobierno, porque no pueden ser controladas.

De igual manera, 132 entidades no presentaron su rendición de cuentas al 31 de marzo del 2021, por consiguiente, fueron consideradas como omisas; y 109 lo hicieron en forma extemporáneas, con lo que finalmente quedaron finalmente 23 entidades como omisas absolutas. De igual manera, 132 entidades no presentaron su rendición de cuentas al 31 de marzo del 2021, por consiguiente, fueron consideradas como omisas; y 109 lo hicieron en forma extemporánea, con lo que finalmente quedaron finalmente 23 entidades como omisas absolutas.

“Allí podemos notar que realmente estas empresas omisas no tienen sanciones, por eso, que no hay la información adecuada. Es un tema pendiente que vamos a proponer que se pueda mejorar. De lo contrario no contaremos con una contabilidad más sólida”, anotó.

DÉFICIT FISCAL

Refirió un déficit fiscal en el 2019 de menos 1.6 y en el 2020 de menos 8.9; indicadores relacionados directamente con la pandemia; y que los indicadores previstos no fueron cumplidos.

Se refirió a que no se cumplió con la deuda pública por destinarse recursos a la deuda relacionada a la salud, la compra de vacunas.
Lo mismo ocurrió en lo que respecta al PBI donde se registró un decrecimiento de menos 11.1 %, lo contrario al aumento de casi el 10 % de la pobreza.

En cuanto a la inversión pública, dijo que el promedio fue de 63 % y que puede verse que la ejecución de proyectos sigue siendo muy baja históricamente.

Acuña Peralta señaló que es preocupante el estado de la situación financiera del sector público, con relación al 2019.
“Mientras que los pasivos aumentaron en 21.6 %, los activos aumentaron solo 13.1 %, lo que revela que el Estado tiene serias dificultades económicas, a lo que se agrega que el patrimonio se redujo en 38.4 %”, afirmó.

Refirió que eso evidencia que el Estado ha vendido propiedades, lo cual implica un problema.

Acuña consideró la existencia de deficiencias e inconsistencias, algunas muy preocupantes, que deben ser corregidas para tener una Cuenta General más sólida y ordenada.

OFICINA DE COMUNICACIONES