Con 78 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso insistió en la autógrafa de la ley, que fue observada por el Poder Ejecutivo en julio pasado, que establece medidas para la expansión del control concurrente a obras e intervenciones públicas a nivel nacional, y dota a la Contraloría General de la República de un financiamiento equivalente al 2% del valor total de un proyecto que supere diez millones de soles.

La propuesta permitirá al ente de control supervisar expedientes técnicos, perfiles y declaratorias de viabilidad de obras públicas e inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas u otro modalidad que lleven a cabo los tres niveles de gobierno.

Igualmente regirá «a las entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control».

Toda ejecución de cualquier iniciativa de contratación de bienes y servicios que no constituyan inversión de los gobiernos regionales y locales, también destinará el 2 % del monto convocado para financiar el control concurrente.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinada Recuenco (FP), sustentó la insistencia afirmando que urge dar esta herramienta al ente de control para que pueda ejercerla desde el inicio de toda obra pública a nivel nacional. «Por cada sol que la Contraloría invierte en la realización del control concurrente, se consigue un ahorro de seis soles al Estado en potenciales perjuicios», indicó.

Por su parte, el congresista Enrique Wong Pujada (Podemos Perú) señaló que apoyará el dictamen, «porque considera que es fundamental para combatir la corrupción, ya que los gobiernos locales y regionales tienen obras paralizadas».

A su vez, la legisladora Katy Ugarte Mamani (PL) indicó que la misión de la Contraloría General es velar el buen destino de los recursos públicos, por lo que los gobiernos locales y regionales están sujetos al control de sus recursos por parte de esta institución.

Su colega Anderson Ramírez (Podemos Perú) anunció su voto a favor al igual que Edgar Reymundo (Juntos por el Perú), quien aseveró que «se pondrá un candado desde la elaboración del expediente».

A su turno, el congresista Guido Bellido Ugarte (PL) indicó que la corrupción no puede generar más gasto al país, y consideró que los supervisores de obras «tienen y deben trabajar directamente con la Contraloría. Votaremos a favor si es que se retira del texto la designación de un 2 % en cada obra», señaló.

La legisladora Nilza Chacón Trujillo (FP) sostuvo que es importante la propuesta, porque se está evitando los gastos y tiempo durante la ejecución de un proyecto, mientras que su colega Elizabeth Medina Hermosilla (PL) dijo no estar de acuerdo «porque la Contraloría es un saludo a la bandera», expresó.

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