El Pleno del Congreso de la República aprobó los proyectos de resoluciones legislativas que declara haber lugar a la formación de causa penal, contra Víctor Zamora Mesía, en su condición de exministro de Salud, por el presunto autor del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, regulado en el artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado.

Asimismo, que lo inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 9.

La Resolución Legislativa 9758 obtuvo 70 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

“El expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú”, señaló la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, quien condujo la sesión.

Según el documento, durante su gestión en el Minsa, Zamora habría cometido graves omisiones e irregularidades en la conducción de una adecuada política nacional de salud en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Señala que, pese a las directivas internacionales sobre el manejo de la pandemia, desde que asumió el cargo el 20 de marzo de 2020, Zamora habría priorizado la adquisición de pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, a pesar de que estas últimas contaban con el respaldo de la comunidad científica como método diagnóstico más efectivo. Este enfoque, según el informe, habría comprometido el cerco epidemiológico y acelerado la expansión del virus, resultando en un aumento significativo de muertes en el país.

Asimismo, respecto a la crisis de oxígeno medicinal, se indica que el exministro tenía facultades legales para adoptar medidas oportunas que garantizaran su acceso, como la modificación de resoluciones ministeriales. Sin embargo, el Decreto de Urgencia N.º 066-2020, que autorizó el uso excepcional de oxígeno medicinal con una pureza mínima del 93 %, fue emitido recién el 4 de junio de 2020, 75 días después de su nombramiento. Esta demora habría provocado una crisis severa, marcada por la falta de oferta, especulación y un mercado negro del recurso, indispensable para tratar a pacientes con COVID-19.

Asimismo, refiere que la gestión de Zamora, durante la crisis de oxígeno, evidenció falta de previsión y una baja capacidad de respuesta ante la creciente demanda insatisfecha tanto en hospitales públicos como en el sector privado. Estas deficiencias podrían configurar el delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

En tanto, la Resolución Legislativa 9759 por la que se inhabilita a Víctor Zamora por 10 años para el ejercicio de la función pública, obtuvo 68 a favor, 16 en contra y 2 abstenciones.

DEBATE

Previamente, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta (APP), y el congresista delegado del caso, Jorge Montoya Manrique (HyD) sustentaron el informe final.

Montoya Manrique sostuvo que el exministro de Salud, Víctor Marcial Zamora Mesía, habría incumplido funciones establecidas en los literales a) y b) del artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1161, modificado por la Ley 30895, durante los primeros días de su gestión.

«Zamora no supervisó la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020 entre el 20 y el 29 de marzo de 2020, lo que permitió la continuación de actos administrativos indebidos para la adquisición de 1,400,000 pruebas rápidas, en contravención con la política nacional de salud vigente», refirió.

Además, señaló que el 30 de marzo de 2020 se emitió la Resolución Ministerial N.º 139-2020-MINSA, que estableció un marco procedimental para el uso de pruebas rápidas, lo que habría avalado las compras irregulares de estos insumos, realizadas desde el 18 de marzo de 2020. Dichas pruebas, según la acusación, fueron adquiridas bajo el argumento de detectar el virus COVID-19, pese a no ser recomendadas por la comunidad científica ni por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

DERECHO DE DEFENSA

En su defensa, el exministro de Salud, Vìctor Zamora Mesìa, compareció para ejercer su defensa frente al juicio político en su contra. En su declaración, subrayó que actuó conforme a la ley y con la convicción de defender su honor, señalando que lo que está en juego trasciende su caso personal.

«Ejercí el cargo de ministro de Estado del 20 de marzo al 15 de julio de 2020, en medio de la pandemia más devastadora de nuestra historia reciente. Durante esos cuatro meses, dediqué cada hora a proteger la vida de los peruanos en un contexto de incertidumbre extrema», afirmó Zamora.

El exministro enfatizó que el juicio político al que se enfrenta no se fundamenta en pruebas sólidas, sino en interpretaciones sesgadas y arbitrarias que buscan deslegitimar su gestión, acallar su voz y manchar la labor efectiva de cientos de profesionales que trabajaron junto a él en ese periodo crítico.

«Esta situación no es un hecho aislado ni fortuito. Representa un patrón preocupante en nuestra política: la instrumentalización de procedimientos administrativos y judiciales para silenciar a quienes resultamos incómodos. Lo que se pone en riesgo aquí no es solo mi integridad personal y profesional, sino los valores esenciales de nuestra democracia, como el debate de ideas y el derecho a disentir», señaló.

Zamora sostuvo que su defensa no se limita a su caso personal, sino que busca proteger principios fundamentales de la democracia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL