La congresista Diana Gonzales Delgado (bancada de Avanza País), lideró la mesa de trabajo denominada “Trata de Personas y su relación con la minería ilegal”, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a esta problemática que afecta principalmente a poblaciones vulnerables en diversas regiones del país.

«Resulta fundamental analizar el rol de las distintas entidades del Estado en la prevención, detección y combate de la trata de personas, así como la trata de las víctimas. La complejidad de esta problemática exige una respuesta coordinada que involucra el control territorial, la fiscalización del transporte, el control migratorio, la atención social y la persecución penal efectiva”, dijo la legislara en su intervención.

“Queremos identificar brechas concretas en la intervención estatal, evaluar la eficacia de los mecanismos existentes y recoger propuestas que permitan fortalecer la respuesta del Estado a la trata de personas vinculada a la minería ilegal», agregó.

Gonzales Delgado, advirtió que el delito de trata de personas mantiene una estrecha relación con economías ilegales como la minería informal e ilegal, especialmente en zonas críticas como Madre de Dios, donde confluyen delitos como la explotación sexual y el trabajo forzado.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjush), la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), quienes expusieron los avances, desafíos y limitaciones en la lucha contra la trata de personas.

La congresista Gonzales Delgado reafirmó que el objetivo es pasar del diagnóstico a la acción, fortaleciendo la articulación institucional para garantizar una intervención efectiva del Estado en los territorios donde operan redes criminales vinculadas a la minería ilegal, y así proteger a las poblaciones más vulnerables.

Diagnóstico

El Mininter informó sobre la reactivación del grupo sectorial contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como la implementación de estrategias para combatir la minería ilegal, considerada un delito asociado a esta problemática. No obstante, su representante informó que «se requieren entre el 50% y el 60% adicional de la cantidad total de personal que se tiene», para «lograr mayores resultados».

La PNP, por su parte, dio cuenta de operativos realizados a nivel nacional, que han permitido la desarticulación de bandas criminales y el rescate de víctimas, muchas de ellas menores de edad captadas incluso desde centros educativos. Informaron que, actualmente, cuentan con 23 unidades desconcentradas en todo el país.

A marzo de este año, se han realizado 53 operativos, lo que permitió la captura de 24 bandas criminales dedicadas a la comisión de delitos de trata. Asimismo, se ha logrado el rescate de 392 víctimas hasta marzo de este 2026.

El MIMP destacó las acciones de prevención y atención a víctimas, incluyendo campañas informativas, servicios de protección y centros de acogida especializados en regiones de alta incidencia.

En tanto, el Minjush subrayó el rol de la defensa pública gratuita para víctimas, así como los esfuerzos para ampliar la cobertura mediante la futura Superintendencia Nacional de Defensa Pública.

Por otro lado, Migraciones informó sobre la detección de casos vinculados a trata de personas y la realización de operativos de control migratorio a nivel nacional.

«En Madre de Dios está el centro yugular de todo este tema: más de 40 000 hectáreas depredadas por la minería ilegal, y se tienen que cortar los flujos para llegar a esos lugares. Pasan por las pistas la gasolina, los insumos, y las autoridades del Estado en su conjunto no hacen absolutamente nada para impedirlo. En el 2026 hemos detectado 2300 extranjeros en situación irregular, de los cuales 700 han sido expulsados del país», advirtió durante su intervención.

Finalmente, Sutrán detalló las acciones de fiscalización y prevención en el transporte terrestre, orientadas a evitar el traslado irregular de menores de edad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL