El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11286/2024 –CR que modifica el Decreto Legislativo 1666, norma que regula la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público.

La iniciativa busca restablecer el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el respeto a los derechos laborales, así como corregir disposiciones que contravienen la Constitución.

La propuesta legislativa fue aprobada con 90 votos a favor en primera votación y exonerada de segunda votación con 87 votos a favor.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), destacó que el dictamen es resultado de un proceso de diálogo plural, técnico y democrático.

En su elaboración participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y diversos gremios del sector público, entre ellos la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), la Federación de Trabajadores Municipales del Perú (FETRAMUN), el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social (SINES) y el Colegio Médico del Perú, entre otros.

Rospigliosi explicó que en las mesas de trabajo se identificaron disposiciones del DL 1666 que vulneraban la Constitución, como la omisión de la autonomía del Congreso, la limitación del derecho a la negociación colectiva, la atribución al MEF de funciones interpretativas exclusivas del Poder Legislativo y la afectación de la autonomía institucional y financiera de EsSalud.

El dictamen aprobado propone modificaciones concretas para corregir dichas vulneraciones. Entre las principales medidas se encuentran, afirmar que los aplicativos y herramientas de gestión fiscal no generan ni limitan derechos laborales y eliminar las facultades interpretativas otorgadas al MEF.

Asimismo, garantizar la plena vigencia de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal y derogar la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que afectaba la autonomía funcional y financiera de EsSalud.

“El dictamen no solo responde al rigor técnico y constitucional, sino también a la necesidad de atender las legítimas aspiraciones de los trabajadores del sector público, sin descuidar la responsabilidad fiscal del Estado”, subrayó Rospigliosi.

Asimismo, afirmó que esta norma representa un esfuerzo por armonizar la eficiencia en la gestión fiscal con la justicia laboral y el respeto irrestricto al orden constitucional. “Cuando hay voluntad política y diálogo respetuoso, es posible construir consensos que fortalezcan la institucionalidad democrática y beneficien al país”, agregó.

DEBATE

Durante el debate, el legislador Segundo Quiroz Barboza (BMCN) señaló que la medida corrige un exceso normativo que desbordó la delegación legislativa y reafirma el compromiso del Parlamento con el Estado constitucional de derecho y la dignidad de los trabajadores.

“No hay verdadero progreso si se vulneran derechos, ni gobernabilidad legítima sin consenso democrático”, afirmó.

El congresista Isaac Mita Alanoca (PL) calificó el DL 1666 como inconstitucional al vulnerar derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Constitucional y tratados internacionales ratificados por el Perú. Subrayó la importancia de defender los principios constitucionales y laborales.

Por su parte, Edwin Martínez Talavera (NoA) destacó que la propuesta reconoce la autonomía de los municipios para negociar directamente con sus trabajadores y criticó la pretensión del Ejecutivo de exceder la ley mediante un decreto legislativo.

Alex Flores Ramírez (BS) felicitó a los sindicatos por su lucha y advirtió que el Ejecutivo no debe usar la delegación legislativa para vulnerar derechos laborales. “Este dictamen representa un respaldo histórico a los trabajadores”, aseguró.

Desde la bancada de Somos Perú, Bernardo Pazo Nunura destacó que el dictamen reconoce y ratifica derechos adquiridos tras años de lucha, recogiendo también demandas regionales, como las de los sindicatos de Bajo Piura y Sechura.

Wilson Soto Palacios (AP) resaltó que el dictamen elimina la exigencia de opinión favorable del MEF para validar acuerdos colectivos, evitando así injerencias del Ejecutivo y asegurando que estas herramientas no limiten derechos laborales.

Sin embargo, algunos legisladores, como Juan Burgos Oliveros (PP), consideraron que el dictamen representa un avance parcial, al advertir que el decreto aún vulnera el artículo 28 de la Constitución al restringir la negociación colectiva y la libertad sindical. También alertó sobre la posible intromisión del MEF en los fondos intangibles de EsSalud.

María Agüero Gutiérrez (PL) sostuvo que esta ley corrige un modelo fiscal que ha precarizado el empleo público, recordando que más del 40 % de los servidores trabajan en condiciones temporales e inestables, sobre todo en los sectores salud y educación. “No hay justicia laboral sin estabilidad”, enfatizó.

Finalmente, la congresista Patricia Juárez Gallegos, primera vicepresidenta del Congreso, remarcó que este proceso constituye un ejercicio esencial de control político sobre las normas emitidas por el Ejecutivo, especialmente cuando se exceden las facultades legislativas delegadas.

Indicó que este control comienza en la Subcomisión de Control Político y continúa en la Comisión de Constitución, garantizando así el respeto al orden constitucional y la separación de poderes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL