En primera votación, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad (75 votos) el dictamen que modifica la Ley 30947, Ley de Salud Mental, con el objetivo de fortalecer la prevención del suicidio en niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 5752 y 6583, introduce modificaciones en los artículos 16 y 41, así como la incorporación del artículo 44 en la referida norma, orientadas a reforzar las estrategias de promoción, prevención y difusión de la salud mental en el país.

Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Magaly Ruiz Rodríguez (bancada APP), advirtió sobre la gravedad de la situación. Señaló que, al primer trimestre de 2025, se han registrado más de 600 intentos de suicidio, de los cuales más del 50 % corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, grupo que incluye a estudiantes de educación superior.

Asimismo, indicó que una investigación realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reveló que el 22 % de estudiantes presentó ideación suicida y el 11 % había intentado suicidarse, cifras superiores a las de la población general.

Añadió que, según el Ministerio de Salud, el 90 % de los casos de suicidio está vinculado a trastornos como la depresión y la ansiedad, siendo el acoso escolar y el ciberacoso factores desencadenantes recurrentes.

En ese contexto, la legisladora enfatizó que la problemática del suicidio en el entorno educativo es multifactorial y requiere un enfoque integral que involucre a estudiantes, familias, personal de salud y a la comunidad en su conjunto.

Entre las principales disposiciones, se establece que las instituciones educativas deberán contar con profesionales en psicología a tiempo completo, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, a fin de brindar atención especializada y oportuna a los estudiantes.

Asimismo, se dispone la realización obligatoria de campañas trimestrales de prevención del suicidio dirigidas a la comunidad educativa, las cuales deberán incluir la identificación de factores de riesgo como el acoso escolar, la depresión severa y conductas suicidas, así como evaluaciones psicológicas adaptadas al contexto cultural.

En materia de difusión, la norma incorpora la obligación de emitir material audiovisual informativo sobre salud mental en espacios de alta concurrencia como cines, teatros, estadios y eventos masivos, con el propósito de sensibilizar a la población.

Además, se crea la Campaña Digital Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio, de carácter permanente, que será implementada de manera articulada entre los sectores salud, educación, desarrollo e inclusión social, y mujer y poblaciones vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

DEBATE

Durante el debate, diversos congresistas coincidieron en la urgencia de fortalecer la implementación de políticas públicas en salud mental.

La congresista Kelly Portalatino (bancada PL) cuestionó la falta de ejecución de las normas vigentes y exhortó al Poder Ejecutivo a articular acciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para garantizar la contratación de profesionales en psicología y mejorar la prevención y diagnóstico de trastornos mentales.

Por su parte, el congresista Wilson Quispe (JP-VP-BM) remarcó la necesidad de que todas las instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta el superior, cuenten con psicólogos financiados por el Estado, a fin de asegurar una adecuada atención a los estudiantes y sus familias.

En tanto, el congresista Luis Roberto Kamiche (bancada APP) alertó sobre casos de bullying en el ámbito universitario, señalando el reciente suicidio de un joven con autismo, presuntamente afectado por maltrato de su entorno académico, hecho que indicó no puede quedar impune.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL