El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que dispone la deducción de la base imponible del Impuesto Predial en favor de las personas con discapacidad.

El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 961/2021-CR, que modifica el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, obtuvo 78 votos a favor, 15 abstenciones y 1 en contra.

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruiz (FP), destacó que la iniciativa “promueve un marco legal que permitirá a las personas con discapacidad acceder a rebajas sobre tributos municipales, apoyándolos en su condición socioeconómica y facilitando su acceso a descuentos o exoneraciones”.

La iniciativa establece que las personas con discapacidad propietarias de un solo predio, destinado a vivienda propia o de la sociedad conyugal, y cuyos ingresos no superen una UIT mensual, podrán deducir hasta 50 UIT de la base imponible para el cálculo del impuesto predial. El beneficio entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

En tanto, el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, José Arriola Tueros (PP), respaldó el dictamen al considerar que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación.

DEBATE

Durante el debate, legisladores de diversas bancadas coincidieron en destacar el carácter social de la medida.

El congresista Jaime Quito Sarmiento (BS), autor de la iniciativa legislativa, recordó que se esperaba que el dictamen se debata en el Pleno desde el 2021, pese a haber sido aprobado por unanimidad en las comisiones de Economía y de Personas con Discapacidad. Enfatizó que la iniciativa busca beneficiar a las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del país.

En esa misma línea, la legisladora Marleny Portero López (AP) valoró que el Parlamento priorice leyes con “rostro social”, afirmando que «la discapacidad no es incapacidad».
Mientras tanto, la parlamentaria Elizabeth Medina (SP) sostuvo que la propuesta representa un acto de justicia y equidad, aliviando la carga fiscal de quienes más lo necesitan.
A su vez, el congresista Ilich López (AP) subrayó que la reglamentación corresponderá al Poder Ejecutivo y que el espíritu de la norma también busca respaldar a los familiares que atienden a personas con discapacidad.

APORTES Y OBSERVACIONES

En el marco del debate, algunos parlamentarios plantearon precisiones para optimizar la norma.

La congresista Norma Yarrow (RP) expresó su preocupación de que el texto no especifica el tipo de discapacidad, por lo cual solicitó un cuarto intermedio para que las comisiones especifiquen estos puntos y sugirió que el Conadis emita carnets para gestionar los beneficios municipales.

Por su parte, la congresista Francis Paredes (PP), aunque apoyó la iniciativa, reiteró la necesidad de definir el tipo y condición de la discapacidad. Argumentó que es crucial asegurar que los recursos municipales beneficien a quienes menos tienen y no a personas con discapacidad en buena situación económica.

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