El Pleno del Congreso de la República admitió a debate dos mociones de orden del día que proponen crear una comisión investigadora multipartidaria que investigue el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas COVID-19 al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a su entorno familiar y político, y por las presuntas responsabilidades en las que se habría incurrido en la demora del proceso de negociación con empresas y/o laboratorios para adquirir las mismas.

La primera moción, la 13833, fue presentada el 11 de febrero último y se admitió a debate con 111 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones; la segunda, la 13817, presentada cuatro días antes, se admitió a debate con 112 votos a favor y 1 voto en contra.

El congresista Franco Salinas López (AP) sostuvo en la sustentación de la moción 13833 que lo que se busca aclarar es qué ha sucedido en el Gobierno del señor Vizcarra. “No creemos que esta sea la única lista de privilegiados (la presentada por el Ejecutivo con 487 vacunados), y es necesario que la fiscal de la Nación asegure el manejo de la información que sustenten las denuncias constitucionales que han ingresado”.

La comisión multipartidaria que se establezca –continuó– tiene que mostrar dos criterios. “Uno técnico, que recae sobre la experiencia de la Comisión COVID-19, creada el año pasado, que ha avanzado en recabar mucha información; y dos, un criterio de austeridad, por lo que se propone que dicha comisión sea la que tenga esa facultad investigadora”.

Salinas López expresó su preocupación por saber si la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, no sabía realmente que dos ministras de su gabinete estaban vacunadas.

Y enfatizó que “este Congreso tiene la obligación histórica de asegurar la estabilidad jurídica de todos los contratos suscritos por el Gobierno. Tenemos que asegurar una fiscalización imparcial y objetiva que asegure la estabilidad jurídica de todos los contratos firmados”.

Por su parte, Geovanni Acate Coronel (APP), al sustentar la moción 13817, dijo que era necesario saber cuál es la verdad, y saber si estas 487 personas vacunadas tenían más derecho que los miles de contagiados y fallecidos, que muestra la Sala Situacional del Ministerio de Salud.

De acuerdo con sus argumentos, todo el grupo que se ha aplicado la vacuna estaría incurriendo en un delito, “haber usado la dosis de forma irregular, a escondidas, tiene en el fondo muchas más cosas que deben ser resueltas”.

“Los funcionarios se deben al país. Además, se produce un conflicto de intereses entre los vacunados y las negociaciones” con las empresas farmacéuticas. “Más allá del egoísmo, se encuentra un delito que debe ser sancionado”