La Comisión de Constitución y Reglamento hizo un alto en el debate sobre el retorno al régimen bicameral en el Parlamento, para pronunciarse sobre el decreto supremo que dispone, para hoy martes, la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao.

Fue en la sesión de esta mañana, conducida por su presidenta, la congresista Patricia Juárez (FP), en la que legisladores de todas las bancadas expresaron sus opiniones sobre esa medida del Gobierno, anunciada en un mensaje a la Nación por el mandatario Pedro Castillo.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País), señaló que “es una medida desproporcionada y como comisión debemos sacar un pronunciamiento o comunicado respecto a la constitucionalidad del decreto”.

Para el congresista Alejandro Muñante (RP), el Decreto Supremo nro. 034-2022-PCM es inconstitucional y opinó que se trata de una medida absurda en base a rumores de saqueo cuando la Policía ya tiene orden de inamovilidad.

“No podemos ser indiferentes frente a esta situación adversa que afecta a 10 millones de peruanos que habitan en Lima. Hay buses con niños que no han podido ingresar a Lima, personas en los hospitales que no han podido atendidos, comerciantes que no han podido salir a llevar el sustento a sus familias”, agregó.

Por su lado, el congresista Waldemar Cerrón (PL) lamentó que en los últimos días se haya producido actos vandálicos como saqueos en Tarapoto, en Junín, donde se han atacado las oficinas del gobierno regional y local, y se quemó una cabina de peaje. Opinó que la solución es atender las demandas de manera inmediata con los dirigentes

Su colega de bancada, Guido Bellido (PL), dijo que la decisión de emitir esa medida fue por los saqueos y para evitar que ocurran más actos violentos.

La congresista Gladys Echaiz (APP) pidió a sus colegas ser los mediadores para encontrar una solución a la crisis en la que nos encontramos. “Es el momento de la reflexión y el análisis sesudo de la realidad y de tratar de encontrar, entre todos, la forma de apaciguar los ánimos con la verdad. No busquemos argumentos que mañana se van a desmentir, eso no”, señaló.

PRONUNCIAMIENTO

Antes de concluir la sesión la presidenta de la comisión, Patricia Juárez, dio lectura a un pronunciamiento -que subrayó- es a título personal y no en nombre de la comisión.

En el documento expresa su más enérgico rechazo a la inmovilización social obligatoria dispuesta por el Decreto Supremo 034-2022-PCM, de manera intempestiva la noche del 4 de abril de 2022. Además, considera que “el Ejecutivo no ha observado a los principios constitucionales de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad para la expedición de la norma, resultando esta abiertamente contraria al texto fundamental”.

Asimismo, advierte que la inmovilización social perjudica a millones de peruanos en Lima Metropolitana y Callao, impidiéndoles el ejercicio de derechos fundamentales.

Concluye con una exhortación al Poder Ejecutivo a derogar, en el más breve plazo, el decreto supremo referido,
recordando que, conforme al artículo 128 de la Constitución Política del Estado, los ministros son responsables por los actos violatorios de la Constitución que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

INVITADOS

Para dar su opinión sobre el dispositivo legal, participó en la sesión el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien informó que interpuso una demanda de hábeas corpus contra la medida dispuesta por el presidente de la República por la vulneración del derecho fundamental a la libertad de tránsito y los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, al disponer la inmovilización social obligatoria en la fecha.

También participaron los especialistas Víctor García Toma y Samuel Abad Yupanqui. El primero dijo que el concepto de inamovilidad tendría serios vicios de inconstitucionalidad; en tanto que Abad advirtió que en el Reglamento del Congreso si bien se establece como control político el dar cuenta de los decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados ejecutivos, no se contempla los decretos que declaran el establecimiento de un estado de excepción.

OFICINA DE COMUNICACIONES