Parlamentarios integrantes de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad expresaron su preocupación e indignación por actos de corrupción en la administración pública, como el abono de nueve millones de soles a 22 mil 12 personas fallecidas, pero que figuran como beneficiarias del programa “Pensión 65”.

Fue después de escuchar al contralor general de la República, Fuad Kouri Zarzar, quien concurrió a ese grupo de trabajo el miércoles 4 para informar sobre las acciones de control vinculadas a los programas sociales de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Desarrollo e Inclusión Social.

Koury Zarzar indicó entre enero del 2012 y diciembre del 2014 personal del programa “Pensión 65” dispuso el abono, a través del Banco de la Nación, de nueve millones de soles a personas fallecidas al momento de la emisión de los padrones.

Indicó que a partir de la intervención de la Contraloría se logró recuperar ocho millones 400 mil soles. El resto, 648 mil 519 soles ya habían sido retirados de las cuentas, presumiblemente por parte de personal del banco, o familiares de los expensionistas.

El congresista Jhon Reynaga (NGP) consideró alarmante la información y pidió la captura de los responsables, porque de por medio, dijo, están recursos destinados a los sectores más humildes. Por su lado, la congresista Doris Oseda (NGP)  se manifestó indignada por este tipo de actos de corrupción.

El contralor dijo que uno de los problemas es el riesgo operativo que hay en los programas sociales, es decir, las posibilidades de pérdidas que son propias de la naturaleza de la entidad, y por lo tanto es necesario tomar precauciones. Para el presente caso, aconsejó contrastar la información con Reniec, el SIS y visitas puerta por puerta, en consideración que cada dos meses hay la probabilidad del fallecimiento de tres mil personas.

JUNTOS

Señaló que entre los resultados preliminares detectados durante las auditorías en el programa “Juntos” se encontró que durante el período 2012-2014 se habría incluido a 237 funcionarios públicos, entre regidores y alcaldes, como beneficiarios, pese a no ser parte de la población objetivo.

Asimismo, que el banco de la nación habría emitido y repuesto 27 tarjetas Multired Global Debito de cuentas de ahorro de beneficiarios del programa “Juntos”, después de la fecha de fallecimiento de los titulares.

En otro momento, Koury hizo otro anuncio que causó el mismo mal efecto entre los parlamentarios al indicar que su sector, a través del sistema Infobras, identificó  743 obras paralizadas en el país, por más de 643 millones de soles.

Koury Zarzar dijo que una de las causas del problema es la ineficiencia en la gestión pública que da lugar a actos de corrupción.

Por eso recomendó revisar el proceso de descentralización, para que exista una oficina de la Contraloría en diversas partes del país y se haga el seguimiento respectivo.

Los congresistas Karla Schaefer (FP), Walter Acha (NA) y Celia Anicama (DD) coincidieron en pedir al responsable de la Contraloría acciones de control en sus jurisdicciones donde la ciudadanía viene haciendo denuncias y reclamos en cuanto a obras inconclusas, atención en salud y soluciones al problema de saneamiento.

Koury, quien estuvo acompañado del vicecontralor general Edgar Alarcón Tejada, expuso por más de dos horas sobre el control ejercido en los programas sociales de los dos ministerios referidos y señaló que entre el 2009 y 2015 (hasta setiembre de este año) emitieron dos mil 951 informes de control.

En ese período se encontraron responsabilidades penales en 450funcionarios; civiles en 220 funcionarios; administrativa grave y muy grave, en 406 personas; y administrativa, cinco mil 501, lo que hizo un total de cinco mil 855 involucrados.

Asimismo, señaló que desde el 2009 a la fecha emitieron dos mil 331 recomendaciones, con las que se comprometieron a cumplir los titulares de las carteras correspondientes.

Dijo que el mayor número de observaciones y riesgos identificados están identificados con los controles internos débiles de los programas, como actos de gestión administrativa, los preparatorios y fase de selección para la contratación de bienes y servicios; ejecución contractual, supervisión y entrega del beneficio.

PERROS GUIAS

Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron en forma unánime la propuesta de ley, proveniente del Poder Ejecutivo, que plantea un procedimiento sancionador para permitir una mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad visual que usen o requieren la ayuda de un perro guía para a movilizarse y transitar en libertad y sin discriminación.

La comisión, presidida por el congresista Eduardo Nayap (NGP) también aprobó por unanimidad el pedido de la congresista Schaefer Cuculiza para que se invite en una próxima sesión al director de Vida Digna, para que responda a quejas y denuncias de personas de la tercera edad.

De igual manera fue aprobado el cuadro de integrantes de la Comisión Consultiva de ese grupo de trabajo. (MED).

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