Los congresistas de cinco bancadas parlamentarias con asiento en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos cuestionaron la validez y la oportunidad de la resolución suprema que autoriza el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en la vigilancia del orden público en Lima y Callao.

Fue durante la sesión de trabajo a la que asistió el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien fue invitado para que explique las razones por las cuales se expidió la Resolución Suprema 191-2021-IN, de fecha 29 de octubre, mediante la cual se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, “con el objeto de asegurar el control y mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de las operaciones policiales a las regiones policiales de Lima y Callao”.

La congresista y presidenta del grupo de trabajo, Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso, tildó esa autorización legal de “innecesaria porque hasta la fecha no se ha ejecutado. Si hubiera sido urgente, necesaria y si hubiera habido el desborde (de la delincuencia), desde el primer momento hubieran estado trabajando”.

Su colega Susel Paredes, de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, afirmó que tampoco es conveniente la participación de los efectivos militares en la seguridad interna. “El policía tiene un entrenamiento psicológico que le permite mantener la serenidad. Las armas que tiene el Ejército son de guerra. Hay fusiles que pueden atravesar una pared. La Policía Nacional está entrenada para leer las conductas que pueden ser criminales. Las Fuerzas Armadas no. La delincuencia la debe combatir la Policía”, afirmó.

Por su parte, el parlamentario Hernando Guerra-García, de Fuerza Popular, cuestionó que el Ejecutivo haya dictado una norma legal autoritativa solamente aplicable para Lima y Callao. “¿La delincuencia solo está en Lima?”, preguntó. “Una vez más, este Gobierno es incapaz de combatir la delincuencia”, aseveró.

A su turno, el legislador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, advirtió que las Fuerzas Armadas pueden asumir el control interno, siempre y cuando se declare un estado de emergencia, vía un decreto supremo, conforme está estipulado en el artículo 137 de la Constitución.

Por su parte, Alejandro Cavero, de Avanza País, planteó que lo que el Gobierno debe apoyar es la dotación de recursos a la Policía Nacional “para no mezclar funciones. ¿Por qué solo en Lima? Aquí hay un fondo político. Se están mezclando las funciones y eso no es correcto”, indicó.

El ministro de Defensa, Walter Ayala, defendió la validez de la resolución suprema afirmando que está amparado en los artículos 165 y 171 de la Constitución Política. “La inseguridad ciudadana se ha desbordado. Ha aumentado el sicariato y eso lo sufre la población. La Policía Nacional solicita apoyo y las Fuerzas Armadas no pueden decir que no. Solamente se ha considerado que las Fuerzas Armadas presten apoyo en un cerco perimétrico de un operativo policial”, señaló.

Durante la participación del ministro de Defensa en la comisión parlamentaria, se tocó el tema de las presuntas irregularidades en los ascensos militares y afirmó que “tiene la conciencia tranquila. Este viernes presentaré las pruebas. Estos señores (los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea) se han metido en un juego político. Es una prerrogativa del presidente de la República designar a un comandante general”, aseveró.

De otro lado, correspondió al congresista Wilmar Elera García (Somos Perú-Partido Morado) sustentar su proyecto de ley para modificar parcialmente las condiciones referidas a la tenencia y adopción de los menores de edad, “sin dejar de lado el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, en beneficio de la familia y las diversas estructuras sociales”.

OFICINA DE COMUNICACIONES